El papa Francisco aprueba una ley que obliga a los jerarcas del Vaticano a denunciar los casos de abuso sexual
El Vaticano emitió este 26 de marzo una legislación más estricta en contra del abuso sexual, que deberá cumplirse dentro de todo el Estado.
Las leyes fueron aprobadas personalmente por el papa Francisco y obligan a las autoridades del Vaticano a denunciar «sin demora» los posibles casos de abuso sexual y maltrato contra menores y personas vulnerables, y estipulan la destitución inmediata de cualquier funcionario que sea declarado culpable.
«El funcionario público que omita o demore indebidamente la queja será castigado con una multa que oscilará entre 1.000 y 5.000 euros [alrededor de 1.200 y 5.600 dólares]», detalla la normativa.
Asimismo, se ha elevado a 20 años el estatuto de limitaciones para denunciar un delito sexual después de que la presunta víctima cumpla 18 años. La ley anterior permitía denunciar hasta cuatro años después a partir de la fecha del delito.
Por otro lado, los empleados potenciales del Vaticano serán sometidos a un proceso de selección especial para cerciorarse que son aptos para trabajar con la comunidad infantil.
Estas y otras nuevas reformas se aplican a todos los residentes del Vaticano, los empleados burocráticos de la Iglesia católica en Roma y a los diplomáticos de la Santa Sede en todo el mundo.
«El Santo Padre espera que, también gracias a estas normas relativas al Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia romana, todos sean conscientes del hecho de que la Iglesia debe ser cada vez más un hogar seguro para los niños y las personas vulnerables«, afirmó el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti.
Las leyes entrarán en vigor a partir del 1 de junio y son el resultado de la ‘cumbre antipederastia’, un histórico encuentro que la Iglesia católica organizó en febrero, que reunió a los presidentes de todas las Conferencias Episcopales del mundo para abordar el grave problema de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y religiosos.
Muchas víctimas se indignaron por la falta de propuestas más concretas y el hecho de que las decisiones de tomar medidas quedaron en manos de las autoridades eclesiásticas locales. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina calificó ese evento como «un nuevo acto de simulación e hipocresía».