SANTO DOMINGO. Las expectativas de toda la población, así como de las organizaciones de la sociedad civil, están puestas en lo que pasará hoy en la primera audiencia fijada para conocer la solicitud de apertura a juicio hecha por la Procuraduría General de la República contra siete personas imputadas por los sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, muy probablemente no inicie con las audiencias de valoración de los medios de pruebas y argumentos que sustenten la acusación del Ministerio Público, debido a que se le ha vuelto a recusar y porque dos de los imputados no han depositado sus escritos de contestación.

De igual modo, se espera que Ortega Polanco en esta ocasión se refiera al pedido de inhibición que le ha vuelto a solicitar el imputado Andrés Bautista García y, en caso de que la rechace, deberá remitir un nuevo informe al Pleno de la Suprema Corte para que decida la recusación.

Hasta la tarde de ayer, Conrado Pittaluga Arzeno y Jesús Vásquez no habían depositado sus escritos de defensa a las imputaciones de soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que les atribuye el procurador general, Jean Alain Rodríguez. Ese también es un punto que deberá definir el juez antes de dar inicio al juicio preliminar.

Para las 9:00 de la mañana de hoy fueron citados a la sala Augusta de la Suprema Corte, el empresario y enlace comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón Rijo; el senador Tommy Galán Grullón, quien tiene jurisdicción privilegiada y arrastra a los demás procesados, el exministro de obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, y los exsenadores Andrés Bautista, Jesús Vásquez y Juan Roberto Rodríguez Hernández, y la Procuraduría General.

La pasada y esta semana se han producido declaraciones de prensa y reacciones tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial respecto al caso Odebrecht, a raíz de lo dicho por la procuradora adjunta, Laura Guerrero Pelletier, sobre los imputados y sus presuntas maniobras para buscar jueces “favorables a la impunidad”.