SANTO DOMINGO,RD.- Un conjunto de señalamientos públicos ha generado un fuerte cuestionamiento hacia el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, luego de que se dieran a conocer detalles contenidos en la declaración jurada de la exdefensora pública zoila Violeta Martínez Guante. En dicha documentación aparecen datos financieros que han despertado preocupación y demandas de aclaración ante el país, especialmente en torno a montos millonarios y transferencias aún sin explicación oficial.El comunicador Ariel Lara sostuvo que la información disponible incluye cuentas bancarias, certificados financieros y movimientos económicos que deben ser aclarados de manera urgente. Entre los montos señalados figuran RD$83,131,134 en una cuenta corriente, siete certificados por más de RD$316 millones, además de un certificado financiero de RD$99 millones y una transferencia vinculada al PNUD cuya transparencia sigue pendiente. También se mencionan recursos adicionales en dólares, relacionados con un inmueble valorado en US$6,228,000, así como vehículos y motocicletas cuya ubicación y uso deben detallarse.
La situación también incluye cuestionamientos sobre los inmuebles y oficinas de la Defensoría del Pueblo, varias de las cuales permanecen cerradas en distintas provincias del país. Se mencionan locales en sectores como la avenida 27 de Febrero y la avenida Costa Rica, junto a otras sedes que no han iniciado operaciones. Para los críticos, esto contrasta con denuncias sobre supuestos privilegios y comportamientos impropios atribuidos a Ulloa, lo que incrementa la presión pública para que el funcionario ofrezca explicaciones claras.
El debate ha abierto una discusión más amplia en torno al cumplimiento de los artículos 191 al 193 de la Constitución y la Ley Orgánica 19-01, que establecen las funciones y obligaciones del Defensor del Pueblo. Señalan que, al ser una figura escogida por el Congreso Nacional, esta entidad tiene la facultad de interpelar y requerir respuestas directas sobre el manejo institucional. En ese sentido, comunicadores y ciudadanos reclaman una rendición de cuentas abierta, sin limitarse a comunicados, ante la necesidad de aclarar los recursos administrados y atender situaciones críticas como las condiciones en centros penitenciarios.
Finalmente, voces del ámbito público insisten en que este caso no se trata de ataques personales, sino de un llamado a transparencia, a propósito de denuncias que incluyen presuntas amenazas, comportamiento intimidatorio y actuaciones que contradicen la misión esencial de la institución. Anuncian que continuarán presentando información documental en próximas entregas, con el propósito de que todo el manejo financiero y administrativo relacionado con la Defensoría del Pueblo sea esclarecido ante la ciudadanía.