Santo Domingo. – La exministra de Salud Pública, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y el experto en seguridad social Bernardo Matías alertaron sobre la existencia de contratos cuestionables en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) que comprometen la estabilidad financiera de la institución y que, según señalaron, no pudieron haberse ejecutado sin la participación de altos ejecutivos.
Matías subrayó que no se trata de simples irregularidades cometidas por personal de bajo rango. “Esos muchachos jóvenes no hacen nada sin contar con la participación de altos ejecutivos. No hay manera, porque las autorizaciones de servicios fuera del catálogo básico requieren acceso a la base de datos de los afiliados y la validación de directivos con poder de decisión”, afirmó.
Entre los contratos mencionados como irregulares se encuentran:
- Programa EVA: para pruebas de Papanicolau, denunciado por presunta sobrevaloración y servicios no realizados.
- Nutrición a envejecientes: compras de suplementos alimenticios con indicios de mal manejo de fondos.
- Material de osteosíntesis: adquisición de prótesis y equipos médicos, señalados por posibles sobrecostos.
- Telemedicina: contrato durante la pandemia que habría generado pagos por servicios inexistentes, incluso a empresas sin página web activa.
- Atención primaria: considerado el más grave, pues habría desviado el 42% de la cápita del régimen subsidiado a un prestador privado que maneja medio millón de afiliados, debilitando la red pública de atención primaria.
La doctora Guzmán Marcelino insistió en que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la actual dirección ejecutiva de SeNaSa deben explicar con claridad quiénes autorizaron estos contratos y bajo qué criterios. “El país necesita saber la verdad. Aquí no hablamos solo de documentos, sino de decisiones tomadas desde arriba que ponen en riesgo la salud financiera de la institución”, advirtió durante su participación en el programa televisivo El Despertado.
Ambos expertos señalaron además que la falta de control permitió que, tras el aumento del subsidio de medicamentos de RD$8,000 a RD$12,000, las farmacéuticas elevaran los precios, dejando a los usuarios en la misma situación.
“Todo esto evidencia complicidad a nivel de dirección. SeNaSa no puede seguir atrapado en contratos lesivos sin que se identifiquen y sancionen a los responsables”, concluyó Matías.