Investigan una fosa común con 50 cuerpos en un caso de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Investigan una fosa común con 50 cuerpos en un caso de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto una nueva investigación sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, a raíz del hallazgo de una fosa común con unos 50 cuerpos inhumados en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, en Antioquia, en el noreste de Colombia.

En un comunicado, la JEP detalla que las pesquisas se iniciaron el pasado 9 de diciembre como parte de las investigaciones por el caso 03 por «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», también conocidas en Colombia con el eufemismo de «falsos positivos».

Hasta la fecha se han exhumado siete cadáveres completos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, así como numerosas estructuras óseas de otras personas, que serán analizados por Medicina Legal. No obstante, la JEP detalló que los indicios preliminares indican que los 50 cuerpos enterrados allí serían, en su mayoría, «hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad».

El hallazgo fue posible luego de varias «versiones voluntarias», entre ellas la de un exintegrante del Ejército, que fueron contrastadas con pruebas, según detalló el organismo de justicia transicional instaurado después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las extintas FARC.

Reacción oficial

Tras conocerse la noticia, que fue detallada a fondo por la Revista Semana, el Ministerio de Defensa de Colombia emitió un comunicado para ratificar «su compromiso con contribuir a la construcción de la verdad» y manifestar su disposición a colaborar ante «cualquier requerimiento» de la JEP o la justicia ordinaria, incluso el apoyo en materia de seguridad «para el desarrollo de las diligencias judiciales propias de la justicia transicional».

De igual forma, el texto oficial insta a todas las autoridades a «atender las solicitudes de protección» a testigos o personas vinculadas a las investigaciones y subraya, en nombre del presidente de Colombia, Iván Duque, su «compromiso irrestricto con el cumplimiento de la Constitución, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario».

¿Qué son los «falsos positivos»?

En Colombia se conoce como «falsos positivos» a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército, para presentarlas como ‘bajas en combate’ y obtener así prebendas de parte de esa institución, como ascensos, condecoraciones o permisos.

Esta práctica se mantuvo como una política durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), quien aplicó la denominada «seguridad democrática». Su ministro de Defensa entre 2006 y 2009 fue Juan Manuel Santos, quien lo sucedió en la presidencia y luego impulsó la firma de la paz con las FARC.

Según detalló ayer la JEP, en el marco del Caso 03 —que investiga estos asesinatos de civiles— se han identificado unas 400 víctimas, luego de contrastar alrededor de 160 testimonios de agentes de la fuerza pública. Hasta ahora, la Fiscalía del país suramericano investiga unos 5.000 casos de «falsos positivos» que involucran a una cantidad similar de uniformados.

Pero los «falsos positivos» no son un asunto cerrado. En mayo de este año, una investigación publicada en el diario New York Times reveló que generales y coroneles del Ejército colombiano habían firmado un compromiso para aumentar los operativos y duplicar el número de criminales y rebeldes que matan, capturan y obligan a rendirse, sin importar si hay un aumento en el número de bajas civiles. 

Con la nueva política del Ejército, las Fuerzas Armadas pasaron de estar obligadas a alcanzar el 85 % de certeza del objetivo, credibilidad y exactitud del operativo, a tan solo entre el 60 y 70 %. Además, incluía premios con más vacaciones a los elementos que mejoraran sus números y amonestaciones a militares que pasaran días sin combate. 

En medio de esta polémica por las revelaciones del diario estadounidense y el asesinato del exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Dimar Torres, el exministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, fue sometido a una moción de censura, que superó con el apoyo de la derecha en el Congreso. No obstante, en noviembre de esta año, el extitular de esa cartera renunció tras el escándalo por la masacre de 8 menores de edad en Colombia, asesinados en un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país.