JUSTICIA PARA LAS INFANCIAS: MENDOZA SIENTA EN EL BANQUILLO A 17 RERESORES POR CRÍMENES CONTRA NIÑOS EN LA DICTADURA
En un hecho sin precedentes para la justicia transicional en Argentina, el Juzgado Federal N°1 de Mendoza ha imputado formalmente a 17 exmiitares y expolicías por delitos de lesa humanidad cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura militar (1976-1983). Este proceso judicial, que ha tomado un impulso renovado a finales de 2025, se centra en casos que durante décadas permanecieron en la periferia de las megacausas, enfocándose ahora específicamente en el «plan sistemático» que no solo buscaba la eliminación de opositores políticos, sino el quebrantamiento y la apropiación de sus descendientes. La imputación incluye cargos por privación abusiva de la libertad, tormentos agravados y la supresión de identidad de menores que fueron utilizados como herramientas de extorsión contra sus padres.
El expediente judicial detalla episodios de una crueldad estremecedora, donde menores de edad fueron mantenidos en centros clandestinos de detención como el D-2 en Mendoza, expuestos a condiciones de hacinamiento e incertidumbre. Entre los casos más emblemáticos que sustentan la acusación se encuentra el de bebés de apenas meses de vida que fueron utilizados como «cebo» por las fuerzas de seguridad para capturar a sus progenitores, permaneciendo semanas en comisarías bajo custodia de oficiales que ocultaron su paradero a sus familias biológicas. Estas acciones, según la fiscalía, no fueron hechos aislados, sino parte de una política de Estado diseñada para desarticular el núcleo familiar de quienes eran considerados «enemigos del régimen».
A nivel jurídico, este juicio se distingue por la calificación de los delitos como «delitos permanentes», lo que permite aplicar las escalas penales vigentes en el momento en que se restituye la identidad de las víctimas. La Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza ha subrayado que la sustracción y ocultamiento de menores no cesa hasta que el afectado conoce su origen real, un argumento ratificado por la Cámara de Casación durante 2024 y 2025. Esta interpretación legal es fundamental para evitar la prescripción de los crímenes y asegura que los responsables enfrenten condenas que reflejen la gravedad de haber alterado el estado civil y la historia personal de decenas de ciudadanos que hoy, ya adultos, buscan reparación.
El contexto político de este juicio es particularmente complejo, dado el desmantelamiento de unidades de investigación clave como la UEI de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) por parte del ejecutivo nacional a mediados de 2024. A pesar del recorte de fondos y la eliminación de áreas de apoyo técnico, las Abuelas de Plaza de Mayo y las fiscalías locales han logrado sostener las causas gracias a la cooperación internacional y el resguardo de archivos históricos. El anuncio de la aparición del nieto 140 en julio de 2025 ha servido como un catalizador moral, demostrando que la búsqueda de la verdad sigue dando frutos a pesar de los desafíos institucionales y el paso del tiempo.
Los acusados en este tramo de la megacausa mendocina pertenecen principalmente a estructuras de inteligencia y mandos medios de la policía provincial y el Ejército, sectores que gozaron de impunidad durante décadas. La fiscalía sostiene que estos agentes no solo ejecutaron los operativos de secuestro, sino que gestionaron la logística de las «maternidades clandestinas» y el posterior abandono o entrega ilegal de los niños. El juicio busca no solo castigar a los culpables, sino también reconstruir el relato histórico de cómo la dictadura instrumentalizó la vulnerabilidad infantil para consolidar su poder, dejando una huella de trauma transgeneracional que la sociedad argentina aún intenta sanar.
Con el inicio de las declaraciones indagatorias este diciembre de 2025, el proceso entra en su fase más crítica de cara al 2026. La comunidad internacional de derechos humanos observa este juicio como un modelo de cómo abordar crímenes específicos contra la infancia en contextos de terrorismo de Estado. El veredicto esperado para el próximo año no solo determinará la responsabilidad penal de los 17 imputados, sino que sentará un precedente sobre el derecho inalienable a la identidad y la memoria. Argentina reafirma así que, ante los crímenes de lesa humanidad, el banquillo de los acusados es el único destino posible para quienes convirtieron el robo de niños en una política de exterminio.