La Bomba de Tiempo de El Naranjo: El Brumadinho Dominicano.
Seamos claros: la minería puede ser, y debe ser, una de las vías más rápidas y efectivas para generar aún más desarrollo y crecimiento económico en la República Dominicana (por encima del 5% en 2024). No hay que mirar muy lejos; en un artículo anterior explorábamos el impresionante despegue económico de Guyana (crecimiento de entre 33% y 38% en 2024, según el FMI), un espejo en el que podríamos vernos reflejados. Pero hay una condición no negociable para que ese reflejo no se convierta en una escena de horror: la responsabilidad. Y es precisamente la falta de ella lo que hoy convierte a la provincia Sánchez Ramírez en el epicentro de una posible catástrofe humana y ambiental que avanza en silencio, bajo el amparo de la indiferencia.
La operación de Barrick Gold en Pueblo Viejo, Cotuí, se ha convertido en la crónica de una tragedia anunciada. Mientras la empresa reporta beneficios millonarios, las comunidades aledañas pagan el verdadero precio con sus tierras, su agua y sus vidas. Las denuncias no son un invento; tienen rostros y nombres. Hace poco, líderes comunitarios atribuyeron fallecimientos directamente a la contaminación, mencionando casos como los de Juana Cabrera e Hilario Regalado. Esta es una realidad desgarradora que se suma a un infierno cotidiano: según datos de múltiples fuentes y denuncias, más del 85% de los residentes cercanos a la mina padece enfermedades de la piel y más del 60% sufre infecciones respiratorias crónicas. Pruebas realizadas en el pasado reciente encontraron niveles alarmantes de cianuro y metales pesados en la sangre y orina de los habitantes. Incluso, se ha llegado a denunciar el nacimiento de niños con malformaciones.
La toxicidad no solo corre por las venas de la gente, sino también por la tierra. Ríos que antes daban sustento, como el Margajita y el Maguaca, hoy son cauces prácticamente muertos. Una publicación científica de la investigadora Rapilly confirmó que Barrick Gold ha contaminado y sigue contaminando el agua y los sedimentos, aniquilando la vida acuática y arruinando la agricultura. Cientos de cabezas de ganado han muerto, plantaciones de cacao y frutales se han perdido, y el motor económico de miles de familias ha sido destruido.
Todo contrasta con las maravillas que se dijeron el pasado 28 de mayo, en el conversatorio “Minería: Progreso o Conflicto?”, donde se hablaba sobre el presente y el futuro de la minería en el país… Y si el presente es desolador, el futuro que se planea es casi apocalíptico.
La expansión de la mina requiere una nueva presa de relaves, «El Naranjo», un monstruo, un megaproyecto de ingeniería que se convertiría en una auténtica bomba de tiempo. Sus dimensiones son escandalosas: una pared de 157 metros de altura (más alta que la Torre Acrópolis) y 4 kilómetros de largo, diseñada para contener casi 800 millones de toneladas de desechos tóxicos, incluyendo roca con potencial de generar ácido sulfúrico a perpetuidad. Todo esto, en una zona de alta actividad sísmica y propensa a inundaciones, y peligrosamente cerca de la ya existente presa El Llagal, que contiene unos 250 millones de toneladas de desechos. Ambas instalaciones sumarían más de mil millones de toneladas de material tóxico en un mismo lugar, un riesgo sin precedentes.
Para ponerlo en perspectiva, referimos la tragedia de Brumadinho, Brasil, en 2019. El colapso de una presa de relaves allí causó 270 muertes y una devastación ambiental catastrófica. Aquella presa era significativamente más pequeña y baja que El Naranjo (unas 24 veces menor). El Dr. Steven H. Emerman, un experto internacional en seguridad de desechos mineros, invitado por la UASD y algunas organizaciones, cuando revisó el proyecto, lanzó una advertencia escalofriante: una falla en El Naranjo podría liberar un torrente tóxico que recorrería hasta 227 kilómetros, llegando a la Bahía de Samaná en cuestión de horas y causando, en sus propias palabras, una catástrofe con más de 100 muertes potenciales. Es una predicción tímida cuando comparamos los números y las dimensiones.
Lo más indignante es que existen alternativas más seguras. El propio Dr. Emerman señaló que la mejor práctica de la industria, recomendada por el Estándar Global de Gestión de Relaves (GISTM), era el relleno de los tajos mineros ya existentes. Este método, además de ser más seguro al no crear una montaña artificial de lodo tóxico, era, según sus cálculos, considerablemente más económico. ¿Por qué se descartó la opción más segura y barata? Barrick argumenta que priorizó usar los tajos para depositar otro tipo de roca y así controlar el drenaje ácido. Sin embargo, la decisión de construir una de las presas más grandes y riesgosas del mundo, en lugar de usar los huecos ya existentes, levanta serias sospechas sobre si la verdadera razón no es mantener el acceso a futuras explotaciones, priorizando el beneficio futuro por encima de la vida presente.
El proceso de licenciamiento de este proyecto, aprobado por las instancias gubernamentales, se ha visto envuelto en una significativa controversia técnica. Por un lado, se cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa; por otro, existen las serias objeciones del Dr. Emerman, quien ha calificado dicho estudio de «incompleto», advirtiendo sobre una subestimación de los riesgos. Consciente de esta situación, el propio Gobierno ha intervenido buscando mediar y solicitar garantías adicionales, como la conformación de mesas técnicas de diálogo para revisar los puntos en disputa. Este choque de evaluaciones expertas presenta un desafío crucial para el Estado: garantizar que el desarrollo económico avance sobre la base de la máxima seguridad técnica y la protección irrestricta del medio ambiente y las comunidades. La República Dominicana tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de aprovechar sus vastos recursos minerales, desde el oro hasta las estratégicas tierras raras. Este desarrollo es crucial, pero no puede realizarse a cualquier costo. Es imperativo que el Estado exija y garantice, sin concesiones, que cada proyecto minero cumpla con los más estrictos estándares de seguridad ambiental y de protección a la salud pública, aprendiendo de las lecciones de desastres internacionales para que la riqueza del subsuelo no se convierta en la pobreza y enfermedad de nuestra gente.