La seguridad ciudadana: un compromiso colectivo
La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta en estos tiempos nuestra sociedad, y no se trata de un tema exclusivo de las fuerzas del orden público ni de las instituciones particulares del Estado; es, ante todo, un compromiso colectivo.
La delincuencia no distingue credos, razas, edades, género, simpatías políticas ni condiciones sociales. Golpea a todos por igual, y es precisamente esa transversalidad lo que nos obliga a mirarla como una causa común.
Es por ello que, el pasado jueves 18, el expresidente Leonel Fernández recibió en las oficinas de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) a la comisión encargada de la presentación del anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, encabezada por la ministro de Interior y Policía, Faride Raful, el director general de la Policía Nacional, mayor gereral Ramón Antonio Guzmán Peralta, el coordinador de la comisión, Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, junto a las destacadas empresarias, doña Elena Viyella y Marisol Vicens.
En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad primaria de garantizar protección mediante un cuerpo policial profesional y reglamentado mediante una moderna ley orgánica policial, sistemas judiciales confiables y políticas de prevención eficaces. No obstante, la seguridad no se limita a la represión del delito, sino también, demanda una educación integral en valores, inclusión social, oportunidades de empleos y programas que fortalezcan el tejido comunitario. Un país que solo responde con cárceles y patrullas nunca resolverá de raíz el problema.
Ahora bien, el ciudadano no puede quedarse en un rol pasivo. La denuncia oportuna, la colaboración con las autoridades, la participación en comités de seguridad y la organización barrial son piezas esenciales. Allí donde la comunidad se involucra, los espacios se vuelven menos vulnerables y la delincuencia pierde terreno. Por el contrario, la indiferencia se convierte en el mejor aliado del crimen.
La experiencia internacional y el Plan de Seguridad Democrática diseñado y ejecutado por el gobierno del período 2004-2012 demuestra que la seguridad es más efectiva cuando se convierte en política transversal: educación, salud, empleo, deporte y tecnología deben estar al servicio de la prevención. Se trata, en definitiva, de un pacto social, de un acuerdo implícito entre sus ciudadanos y autoridades para proteger la vida, la integridad y la convivencia.
En tal sentido, vemos oportuna la iniciativa del gobierno en consensuar el proyecto de ley orgánica con los partidos políticos y la sociedad. El reto es grande, pero ineludible. Un país que garantice seguridad no solo protege a sus ciudadanos; también fomenta la inversión, impulsa el turismo, fortalece la democracia y eleva la calidad de vida de todos.
En definitiva, la seguridad ciudadana debe asumirse como un deber común, porque solo en la medida en que cada ciudadano entienda que su rol es tan importante como el de las autoridades, podremos construir espacios libres de violencia, y sentar las bases de un país más justo, democrático y pacífico.
El autor es miembro del Círculo Delta.