Los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano exigen justicia sin privilegios ante el avance de la corrupción y la inseguridad
SANTO DOMINGO,RD.- La Iglesia Católica denuncia que las manos manchadas por el dolo administrativo niegan medicinas a los enfermos y fracturan la dignidad humana en el país.
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ha emitido un enérgico pronunciamiento a través de su más reciente Carta Pastoral, en la que advierte sobre el deterioro institucional y social que provoca la corrupción administrativa. Los prelados han calificado de inaceptable que los recursos públicos sean desviados mientras gran parte de la población carece de servicios fundamentales, señalando que estas acciones no son simples faltas administrativas, sino ofensas directas contra la dignidad de los más vulnerables.
En un análisis profundo de la realidad nacional, los obispos han puesto especial énfasis en el sistema sanitario, denunciando que las «manos manchadas por la corrupción» han llegado al extremo de negar fármacos y tratamientos esenciales a ciudadanos en condiciones críticas. Para la jerarquía católica, el enriquecimiento ilícito de unos pocos se traduce directamente en la precariedad de muchos, estableciendo una conexión intrínseca entre la falta de transparencia y la vulneración de los derechos humanos básicos en la República Dominicana.
El documento también aborda con severidad el clima de violencia e inseguridad ciudadana que mantiene en vilo a las familias dominicanas. La institución eclesial manifestó su profunda preocupación ante el auge de la delincuencia y la violencia intrafamiliar, fenómenos que considera síntomas de una crisis moral que debe ser enfrentada con responsabilidad colectiva. En este sentido, instaron a las autoridades a fortalecer las políticas de seguridad para garantizar la paz y la sana convivencia en todo el territorio.
Un punto neurálgico del mensaje es el llamado directo al sistema judicial para que actúe con firmeza y absoluta imparcialidad. Los obispos han solicitado que la justicia se aplique sin privilegios ni impunidad, demandando sanciones ejemplares que sean proporcionales al daño social causado por quienes se apropian de los fondos del Estado. La Iglesia sostiene que solo mediante un régimen de consecuencias real se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Asimismo, el Episcopado hizo un firme llamado a la protección integral de la niñez y la adolescencia, sectores que sufren con mayor rigor los efectos de la exclusión y el descarte social. Exhortaron a la sociedad civil y al Gobierno a priorizar la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, rechazando cualquier forma de agresión que atente contra el desarrollo digno de las nuevas generaciones en un entorno libre de vicios y criminalidad.
Finalmente, la Carta Pastoral invita a los dominicanos a una renovación del compromiso ciudadano basada en los valores de la verdad y la solidaridad. Los obispos concluyeron que el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares, instando a todos los sectores de la vida pública a trabajar de manera coordinada para erradicar la cultura de la impunidad y construir una nación donde la paz sea el fruto de la justicia social y el respeto absoluto a la ley.