Luis Abinader ordena Senasa se querelle; garantiza fraude no quedará impune
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader ha ordenado que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) actúe como parte civil en el caso de corrupción identificado en esa entidad, con el objetivo de recuperar “cada centavo robado al erario público”.
Esta decisión se tomó pocas horas después de que la Fiscalía arrestara al exdirector de la institución, Santiago Hazim, junto con siete de sus colaboradores.
El presidente mencionó que la investigación comenzó al recibir reportes que generaban dudas sobre irregularidades, lo que llevó a que se iniciara una pesquisa interna.
El documento resultante confirmó la presencia de “serios actos de corrupción” en Senasa, por lo que se envió de inmediato al Ministerio Público.
“Desde el inicio de mi administración he asumido un firme compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la eliminación de la impunidad y la defensa del patrimonio público”, afirmó Abinader.
La Fiscalía ha denominado este caso como “Operación Cobra”, que da inicio al proceso judicial con la intención de imponer sanciones penales y recuperar el dinero sustraído durante los actos de corrupción identificados.
Arrestados
Los detenidos incluyen a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
La Fiscalía ha indicado que otras personas, tanto físicas como jurídicas, están siendo investigadas con la intención de llevarlas ante la justicia a medida que se avancen las averiguaciones.
Luego de recibir el expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó órdenes judiciales que resultaron en los arrestos y en la recolección de pruebas documentales, así como en la identificación de movimientos financieros que presuntamente están relacionados con el uso indebido de fondos que administra la institución.
No impunidad
“Este y cualquier otro acto de corrupción será sometido a la justicia para que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables”, aseguró.
Como parte civil en la demanda, el Estado no solo busca castigos penales, sino también la recuperación de los recursos públicos que supuestamente fueron desviados a través de maniobras irregulares y contratos fraudulentos.
Allanamiento
Un grupo de 25 fiscales, respaldados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, llevó a cabo 12 allanamientos como parte de la operación que resultó en la detención de los acusados.
El grupo enfrenta cargos por varios delitos, incluyendo coalición de funcionarios, prevaricación, asociación ilícita, soborno, estafa contra el Estado dominicano, malversación, falsificación, uso de documentos falsos y blanqueo de capitales.
Contra la salud
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anticipó que el Ministerio Público está llevando a cabo grandes esfuerzos para asegurar que quienes han dañado la salud de la población, especialmente a los más vulnerables, sean responsabilizados y devuelvan al Estado dominicano cada peso que han robado del patrimonio público.
“El Ministerio Público reafirma su compromiso firme de combatir la corrupción. Aquellos que han comprometido la salud del pueblo, afectando en particular a los más necesitados, deberán rendir cuentas por sus crímenes”, declaró Reynoso.
La Operación Cobra se mantendrá activa hasta que se concluya este asunto. Estamos dedicando esfuerzos significativos para asegurar que, además de las penas legales, quienes han defraudado al pueblo retornen al Estado dominicano cada peso que han robado de los bienes públicos”, comentó la fiscal general.
Sobornos masivos
El Ministerio Público ha logrado obtener pruebas de sobornos extensos, manipulaciones de informes financieros, programas especiales sin respaldo legal, que han sido usados para desviar recursos y realizar actividades fraudulentas.
El Conep
El Consejo Nacional de la Empresa Privada, en una declaración pública, rechaza cualquier actividad ilegal que comprometa los recursos del Estado y la confianza de la ciudadanía, e insiste en que todas las denuncias deben ser objeto de una investigación exhaustiva, respetando el debido proceso. “Ninguna medida de justicia debe convertirse en una cacería política ni en juicios mediáticos”, afirma.