Policías viajaron desde Santo Domingo para ejecutar el «operativo» que terminó con 5 muertos en La Barranquita
El Ministerio Público sostiene que los policías también sustrajeron los DVR de los negocios cercanos y varios teléfonos con el propósito de destruir pruebas y obstaculizar la investigación.
Santo Domingo.- Seis de los 11 agentes de la Policía Nacional acusados de matar a cinco hombres en el sector La Barranquita, de Santiago, el pasado 10 de septiembre, viajaron desde Santo Domingo para participar en un supuesto operativo vinculado a un caso de tráfico de armas.
Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo Antonio de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda— adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos, con sede en el Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo.
De acuerdo con el expediente, los seis agentes se trasladaron a Santiago en una camioneta institucional para coordinar el supuesto operativo. Una vez allí, se reunieron con otros cinco policías en el parqueo de la Subdirección Regional de Investigación, ubicada en la avenida Bartolomé Colón. Entre estos últimos figuran Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña, todos adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).
Lugar del crimen
El documento judicial detalla que, tras la reunión, los once imputados acordaron desplazarse hacia la avenida Olímpica, próximo a Corona Plaza, en el sector La Barranquita, donde supuestamente realizarían el operativo.
Vehículo utilizados por los uniformados. Fuente externa
Salieron en tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux blanca (placa PP-034175), un Kia Rio (placa A690258) y un Toyota Yaris (placa A401356). Los desplazamientos fueron captados por las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1 a las 2:15 p.m.
A las 2:21 p.m., los agentes llegaron al lugar y se posicionaron estratégicamente cerca de una plaza comercial. Minutos después arribaron las víctimas Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “El Charly” o “Charli Chase”)**, quien conducía un Honda Civic dorado; y José Vladimir Valerio Estévez, en un Kia blanco. Ambos se reunieron con otros tres hombres que viajaban en un Mazda blanco.
A las 2:26 p.m., los cinco hombres ingresaron al parqueo de la plaza. Acto seguido, los policías —vestidos de civil— descendieron de sus vehículos y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra las víctimas, según la acusación del Ministerio Público.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Manipulación de evidencias
Una testigo que se encontraba en el tercer nivel de la plaza declaró que, tras escuchar los disparos y ver los cuerpos, fue abordada por varios agentes que subieron hasta su vivienda, le quitaron el celular, revisaron lo que había grabado y se llevaron el teléfono.
Pruebas levantadas por las autoridades. Fuente externa
El Ministerio Público sostiene que los policías también sustrajeron los DVR de los negocios cercanos y varios teléfonos con el propósito de destruir pruebas y obstaculizar la investigación.
En el establecimiento Tecnopolis, propiedad de Ramón Emilio Abreu Corona, los agentes realizaron múltiples llamadas vía WhatsApp desde varios números, identificándose como policías y presionando al comerciante para que abriera su negocio.
Cuando Abreu Corona llegó al lugar acompañado de su madrina, observó los cuerpos tendidos en el pavimento y procedió a abrir el local, tras lo cual los agentes ingresaron y se llevaron el DVR del sistema de cámaras de seguridad.
El Ministerio Público calificó los hechos como una ejecución extrajudicial, y aseguró que existen pruebas suficientes que evidencian una acción planificada para ultimar a las víctimas y luego eliminar las evidencias.
La audiencia de medidas de coerción contra los 11 agentes fue aplazada para el próximo jueves 9 de octubre a las 9:00 a.m., a solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para analizar las pruebas presentadas.