Presidencia de México impugna suspensión de la polémica Ley de Remuneraciones
La ley impulsada por el partido oficialista Morena establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de México informó, a través de un comunicado, que interpuso un recurso de reclamación en contra de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que dictó el ministro Alberto Pérez Dayán el pasado 8 de diciembre.
«El artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad, no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada», señala la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
El ministro Dayán otorgó la suspensión tras revisar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de la oposición, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Ley que establecía que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente de México.
La pelea por la polémica ley
El lunes 10 de diciembre, el Senado mexicano presentó un recurso de reclamación contra la suspensión, y acusó al ministro Pérez Gayán de parcialidad «al tener un interés personal en el asunto, proveniente del impacto salarial que resentirá con la vigencia de la ley».
La polémica ley también ha enfrentado al partido oficialista Morena con la oposición y el Poder Judicial.
Los diputados de Morena se reunieron este miércoles con los ministros de la Suprema Corte de Justicia para intercambiar puntos de vista sobre la Ley de Remuneraciones. Mario Delgado, coordinador de partido oficialista en la Cámara, señaló que no existe ninguna disputa con el máximo tribunal, sino con los partidos de oposición que defienden «un régimen de excesos y privilegios«.
Plan de austeridad
Desde su llegada a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador impulsó un plan de «austeridad republicana».
Entre sus primeras medidas, el mandatario puso en venta el avión presidencial, abrió la residencia oficial de Los Pinos al público y su partido aprobó modificaciones para quitar las pensiones especiales a los expresidentes de México, una de las promesas de campaña de López Obrador.