La producción de arroz en República Dominicana enfrenta una severa tensión diplomática y comercial en septiembre de 2026. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó formalmente al Gobierno dominicano derogar el Decreto 693-24 para cumplir con los compromisos de acceso al mercado estipulados en el tratado DR-CAFTA.
Producción de arroz dominicana busca blindaje ante el DR-CAFTA
La petición estadounidense se formalizó tras una reunión virtual entre altos funcionarios de la USTR y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Víctor Bisonó. La representación de Washington enfatizó que la eliminación del Decreto 693-24, emitido en 2024 por el presidente Luis Abinader, resulta imprescindible para garantizar la libre entrada del cereal estadounidense al mercado dominicano y para avanzar en la firma de un nuevo Acuerdo de Comercio Recíproco.
El Decreto 693-24 fue promulgado con el propósito explícito de proteger a los productores agropecuarios locales ante la desgravación arancelaria total contemplada en el acuerdo de libre comercio. La disposición legal fijó una cuota preferencial de 23.300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos con un arancel del 0%, pero estableció una tarifa del 99% ad valorem para cualquier volumen importado que supere dicho contingente.
Esta medida de salvaguarda arancelaria busca evitar el desplazamiento de la cosecha nacional frente al grano importado fuertemente subsidiado. De acuerdo con los informes recopilados por la fuente de AlMomento.net, la industria arrocera estadounidense sostiene que estas restricciones limitan de manera desleal su acceso al consumidor dominicano.
El sector agrícola nacional advierte que abrir el mercado sin aranceles ni cuotas provocaría un impacto económico devastador en los valles productivos de la región Norte y Central de la nación.
Impacto socioeconómico y negociaciones comerciales con Washington
La preservación de la producción de arroz resulta crucial para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del campo dominicano, del cual dependen directamente miles de familias agricultoras. Las organizaciones del sector arrocero, como Fenarroz, han instado a las autoridades a mantener una postura firme en las mesas de negociación para evitar la quiebra masiva de los productores locales.
Por su parte, las autoridades económicas dominicanas buscan conciliar el cumplimiento de las normativas del DR-CAFTA sin descuidar el equilibrio social de las comunidades rurales. El diálogo bilateral incluye la evaluación de compensaciones técnicas, alianzas de competitividad y mecanismos de cooperación financiera que permitan mitigar las asimetrías de producción con la potencia norteamericana.
Analistas en comercio internacional destacan que la resolución de este diferendo arancelario dictará la pauta para las futuras relaciones comerciales entre Santo Domingo y Washington. La derogación del decreto o la negociación de salvaguardas especiales determinarán la competitividad del grano local frente a la oferta extranjera durante los próximos años.
El Ministerio de Agricultura mantendrá el seguimiento técnico a la oferta del cereal y a la evolución de los precios al consumidor. Las reuniones interinstitucionales continuarán en las próximas semanas para definir la posición oficial de la delegación dominicana.
¿Crees que el Gobierno dominicano debe mantener las restricciones arancelarias para proteger a los agricultores locales o ceder ante la presión de Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Análisis sobre tratados comerciales y el sector agropecuario