Santo Domingo.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó que varias instituciones del Estado trabajan para buscar una salida al conflicto entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y los proveedores de los dispositivos de pago electrónico conocidos como verifones.
Alcántara explicó que las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades oficiales interesadas en lograr un acuerdo entre las partes.
Alcántara llamó a Anadegas, organización que agrupa a gran parte de los detallistas de combustibles del país, a actuar con sensatez y permitir que las autoridades continúen abordando el tema.
El funcionario afirmó que el propósito es superar las diferencias sin perjudicar a quienes acuden a las estaciones de combustibles y utilizan tarjetas como medio de pago.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”, sostuvo Alcántara.
El titular de Pro Consumidor manifestó, además, que esa institución se mantiene atenta al desarrollo del proceso y en conversación permanente con los directivos de Anadegas, al tiempo que da seguimiento a las gestiones que realizan las instituciones públicas involucradas en el conflicto.
Señaló que la participación de las autoridades procura evitar que las diferencias entre los detallistas de combustibles y las entidades del sector financiero terminen trasladándose a los consumidores, particularmente mediante una reducción de las alternativas disponibles para realizar el pago por la compra de combustibles.
El llamado del director Ejecutivo de Pro Consumidor se produce luego de que Anadegas anunciara su decisión de retirar los verifones de las más de 700 estaciones afiliadas a la organización a partir del próximo 25 de septiembre, una medida que podría modificar los mecanismos de pago disponibles para los usuarios en cientos de estaciones de servicio del país.
El funcionario insistió en que cualquier acuerdo debe procurar que los consumidores no sean afectados y que se mantengan condiciones que les permitan contar con alternativas para efectuar sus pagos al adquirir combustibles.