Santo Domingo, R.D. – El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, ofreció este martes detalles sobre los principales puntos contenidos en la aprobación en primera lectura del nuevo Código Procesal Penal, incluyendo aspectos sensibles como las tres causales del aborto, el homicidio involuntario y la responsabilidad penal de instituciones religiosas y públicas.
Taveras calificó como un avance importante la aprobación del nuevo código, aunque reconoció que temas fundamentales como las tres causales del aborto fueron excluidos del texto aprobado.
“Ni siquiera en los casos en que la vida de la madre está en peligro se despenaliza la interrupción del embarazo”, advirtió el legislador, señalando que la única disposición incluida fue una eximente de responsabilidad penal para el médico, pero no para la mujer.
Agregó que el proyecto original sometido por su equipo sí contenía las tres causales —riesgo de vida para la madre, violación/incesto y malformaciones incompatibles con la vida—, pero que no fueron acogidas por el pleno. “Eso hay que corregirlo, y aún estamos a tiempo: el código tiene un año de vacatio legis antes de entrar en vigencia”, afirmó.
Nuevas penas por homicidio involuntario
El senador también se refirió al tema del homicidio involuntario, que ha generado amplio debate público a raíz del trágico caso ocurrido en la discoteca Jet Set. Explicó que el nuevo código aumenta la pena máxima de dos a tres años y establece agravantes claras en casos de accidentes de tránsito u otras situaciones de negligencia grave.
“Por ejemplo, si una persona maneja bajo efectos de alcohol o drogas, o si causa la muerte a menores, adultos mayores o personas con discapacidad, la pena se agrava”, señaló Taveras.
Responsabilidad penal de instituciones y entidades
Otro punto abordado por el legislador fue la responsabilidad penal de instituciones religiosas, militares y gobiernos locales, la cual no fue incluida en la versión final del código, pese a que su propuesta sí lo contemplaba.
“Propusimos que instituciones como iglesias, cuerpos militares o entes estatales respondan penalmente cuando incurren en omisiones o encubrimientos que derivan en delitos, pero lamentablemente esa parte fue rechazada”, explicó.
Taveras puso como ejemplo casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero, y señaló que en muchos países ya existen marcos legales que permiten sancionar a instituciones que actúan con negligencia o complicidad, incluso si no pueden ser condenadas con cárcel, a través de multas elevadas y responsabilidad civil.
“El país necesita un sistema judicial moderno, justo y que no deje espacios a la impunidad institucional. Seguiremos trabajando para introducir mejoras antes de que el nuevo código entre en vigencia”, concluyó.