Somos Pueblo deposita en JCE, Senado y Palacio Nacional demandas de protestas frente a JCE
SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Somos Pueblo, depositó hoy en la Junta Central Electoral (JCE), el Senado y el Palacio Nacional un manifiesto y propuesta formal de solución a la crisis social y política originada por la suspensión de las pasadas elecciones municipales llenas de irregularidades y el fracaso del voto automatizado en dicho proceso, el pasado domingo 16 de febrero.
Como parte de los organizadores y en representación legal de miles de ciudadanos dominicanos independientes que se están manifestando pacíficamente en todo el territorio nacional y la diáspora, el movimiento cívico plantea que la única solución equilibrada para la crisis histórica y sin precendetes que vive la República Dominicana es que se abra una mesa de diálogo entre la Junta Central Electoral, los partidos políticos y la sociedad civíl, con el fin de concretar un pacto político ciudadano lo más pronto posible.
Sus demandas son:
PRIMERO: ESTABLECER un co-manejo de la Junta Central Electoral, en el cual los observadores internacionales tengan el Poder Electoral para influir en la toma de absolutamente todas las decisiones.
SEGUNDO: DESIGNACIÓN de acusadores privados para que investiguen todos los hechos delictivos ocurridos antes y después en el proceso electoral del año 2020. Estos acusadores deberán ser ex jueces y/o abogados con reconocida solvencia moral, y elegidos por el consenso entre los partidos, las organizaciones de la sociedad civil.
TERCERO: REMOCIÓN de manera inmediata de los Directores Técnico y de Elecciones de la Junta Central Electoral y ser puestos a disposición de los acusadores privados para investigación, para garantizar la legitimidad del certamen electoral.
CUARTO: REVISIÓN de las Juntas Municipales y de los funcionarios de los colegios electorales, para garantizar una mayor equidad partidaria en su composición, y una mayor representación de la sociedad civil.
QUINTO: DESIGNACIÓN de un Procurador Electoral por la vía del consenso político ciudadano y que sea independiente de organización política alguna, dotándolo de los medios y mecanismos que garanticen su independencia tanto frente al gobierno como ante la Junta Central Electoral. Dicho procurador deberá tener el deber y la facultad de investigar lo que sucedió en las elecciones suspendidas del pasado 16 de febrero, y deberá rendir un informe público sobre los resultados de dicha investigación, así como llevar a cabo el enjuiciamiento de aquellos que resultaren culpables de la misma. Dicho procurador deberá estar acompañado además por la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del IFES (The International Foundation for Electoral Systems0) como veedores activos del proceso, y podrá solicitar de ellos cualquier tipo de colaboración en la forma de técnicos y peritos expertos en la materia que le fuesen necesarios.
SEXTO: IDENTIFICAR, luego de designado al Procurador Electoral, quien sería en cada municipio del país el Procurador Fiscal Adjunto encargado de los temas electorales, suministrando sus números de contacto, correo electrónico y domicilio para presentar las denuncias a las violaciones a la Ley Electoral No.275-97. Estos fiscales deberán ser ex jueces y/o abogados con reconocida solvencia moral y amplia experiencia jurídica reconocida en la materia.
SEPTIMO: La Junta Central Electoral debe permitir la transmisión en vivo de todas las audiencias y procesos de consulta con los delegados de los partidos políticos desde aquí y hasta que se acabe el periodo electoral. La Junta Central Electoral debe tener una audiencia pública emitida en vivo DE TODAS LAS AUDIENCIAS Y PROCESOS DE CONSULTAS donde se le de acceso a la prensa acreditada y a entidades de la sociedad civil y participación.
El documento tiene el sello de recibido de la Junta Central Electora, el Senado de la República y la Presidencia de la República Dominicana.
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