Incluirán más conspiradores en demanda federal por desfalcos y caos electoral en elecciones del exterior 2020
Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ Más conspiradores serán incluidos en la demanda federal por los desfalcos millonarios y el caos electoral creados por funcionarios electorales y dirigentes políticos durante las elecciones del exterior en 2020, confirmó a este reportero una fuente conocedora del caso que se procesa en la Corte Federal del Distrito Este en Filadelfia (Pensilvania) cuyo juez principal es el magistrado latino Juan R. Sánchez.
Se informó que entre los conspiradores agregados figuran algunos dirigentes y ex aspirantes a la diputación en ultramar, pero sus nombres no fueron revelados.
En la parte frontal del edificio de la corte federal se acopia el lema “Guardián de la Libertad”.
En la demanda que fue anunciada en una conferencia de prensa el martes 5 de julio en el restaurante “Casa del Mar” en la avenida Webster por el abogado dominicano Albert Robles, especialista en derechos civiles y constitucionales y en representación del equipo legal que sometió el expediente en la corte federal de Pensilvania.
Robles es también uno de los abogados que representa a Polanco y dijo que Estados Unidos tiene jurisdicción en el caso debido a que las elecciones se realizaron en su territorio.
En la demanda, son imputados el presidente del PLD en Nueva York, Francisco Cortorreal (Frank), el coordinador de campaña 2020, Francisco Fernández, Gilberto Antonio Cruz Regil Herasme, ex encargado del voto dominicano en el exterior, Julio César Castaños Guzmán, ex presidente de la JCE, También los funcionarios cancelados y suspendidos de la JCE en los Estados Unidos, Yohanna Leonidas Tineo, Estévez, Fernando Núñez, Sara Lina Machado, Gisela Almonte y Sublime Larancuent, quienes fueron jefes operativos, administrativos y coordinadores que dirigieron las elecciones y manejaron los fondos millonarios para el montaje de los comicios.
En el expediente, figuran además, los dirigentes nacionales del PLD, Temistocles Montas, Alexis Lantigua, los ex cónsules generales en Nueva York, Félix Antonio Martínez (Rony) y Carlos Castillo, Juan Aquino, José Joaquín Mota Fernández, y Wilson Díaz Cuevas.
Robles advirtió que las evidencias presentadas en la corte federal de Pensilvania son irrebatibles, aclarando que se trata de una demanda civil encabezada por Polanco, pero que como hijo de dominicanos nacido en Pensilvania, también le duele su comunidad que fue afectada por lo ocurrido en 2020.
Advirtió que todos los testigos que sean citados deberán comparecer al tribunal federal en Pensilvania y si cometen desacato, se enfrentarán con drásticas sanciones judiciales.
Explicó que no necesariamente lo civil es criminal, pero en esencia, será el juez del caso quien determinará la gravedad o no de lo acometido.
Dijo el jurista que su primera intención fue resolver el caso fuera de la corte para que no llegara al tribunal federal.
Polanco, hizo un extenso resumen de los pasos que ha dado durante los dos años (2020-2022) en su lucha para que se restituya la dignidad de los dominicanos que votan en el exterior que fueron burlados.
“La justicia americana está tomando este caso en el que representamos a la comunidad entera de ultramar pero a la corte lo que le importa es el daño causado al doctor Polanco”, reveló el abogado.
En esa conferencia se presentaron cientos de documentos probatorios y en el reclamo legal también se anexan las evidencias sobre el robo de cientos de miles de dólares, desaparición, trituración y quema de votos nulos y observados como parte del desacato de los propios funcionarios de la JCE al dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordenó un reconteo para definir al ganador, pero la diferencia daba el triunfo a Polanco en la tercera diputación por lo que la fase final del proceso fue soboteada por los funcionarios de la junta en Nueva Jersey, Washington DC y Pensilvania por órdenes del entonces director del voto dominicano en el exterior, Gilberto Cruz Herasme sindicado como el principal responsable.
A la fecha, las instancias judiciales de la República Dominicana a las que se les entregaron las pruebas hace más de dos años, todavía no han respondido al caso.