«No somos un basurero de violadores»: Bolivia propone una Comisión de la Verdad contra pederastas
El Gobierno de Bolivia propuso la creación de una Comisión de la Verdad que investigue y castigue los crímenes de pederastía y declare su imprescriptibilidad para que las víctimas tengan la oportunidad de realizar las denuncias en el momento en el que así lo decidan, sin importar el tiempo que haya transcurrido.
La iniciativa fue anunciada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en medio de la conmoción que ha provocado la publicación de un diario personal en el que Alfonso Pedrajas, un cura español y jesuita fallecido en 2009, registró los más de 80 abusos sexuales que durante décadas cometió contra menores.
El diario fue publicado el mes pasado por el periódico español El País, pero el escándalo ha crecido con el paso de las semanas y hasta ahora ya hay por lo menos 13 jesuitas implicados en más de 200 abusos o en su encubrimiento.
«No somos un basurero de violadores», afirmó Prada al criticar a la Iglesia Católica por permitir que curas de otros países, que tienen denuncias por abusos, sean trasladados a Bolivia sin ningún prurito.
«No puede ser que sacerdotes que están siendo investigados sean enviados a nuestro país sin que aquí la Iglesia haga nada para que estas personas ingresen, aquí vamos a hacer respetar la ley y los derechos de nuestra niñez», advirtió.
Prada le pidió a la Asamblea Legislativa celeridad para tratar la iniciativa presentada por la Presidencia, ya que de esta manera el Estado boliviano demostrará la importancia que le otorga a los derechos de la niñez.
El proyecto
Con respecto al proyecto de ley que ya se envió a la Asamblea Legislativa, la funcionaria explicó que la Comisión de la Verdad tendría facultades para sancionar los delitos y no solamente investigarlos.
Además, en caso de que el Poder Legislativo la apruebe, estaría integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores; el Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado, el Defensor del Pueblo, representantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El segundo artículo declara imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos contra la libertad sexual del Código Penal cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes.
También establece que el Estado proporcionará a las víctimas, de manera gratuita, información y asesoramiento de acuerdo con su grado de madurez, patrocinio legal, facilitación y acompañamiento, tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado con perspectiva de género y niñez y asistencia médica.
La investigación
La semana pasada, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reveló que, desde que se conoció el diario del cura pederasta, ya se radicaron más de 200 nuevas denuncias que involucran a abusadores o a sus encubridores.
«Se habrían dado diferentes situaciones y no solo por los jesuitas, hay denuncias contra miembros de la Iglesia Católica que habrían sido encubiertas o ni siquiera denunciadas por el temor de las víctimas», explicó el funcionario, al convocar a que se sigan aportando testimonios sobre los abusos eclesiásticos.
Además de Pedrajas, el cura que anotaba los abusos que cometía, ya se conocieron los casos de Luis María Roma, un sacerdote que también dejaba un registro de sus crímenes, pero a partir de fotografías.
Otros jesuitas acusados son Luis María Pedrosa, Antonio Gausset, Alejandro Mestre, Frances Peris y Carlos Villamil.
Todos ellos estuvieron en contacto con menores en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, pero recién ahora comenzarán a investigarse sus crímenes.
Algunos de los nombres fueron revelados por el fiscal general Juan Lanchipa, quien criticó a las autoridades de la orden jesuita porque, a pesar de que supieron de los abusos, no suspendieron a los curas ni los denunciaron penalmente.
Cuando se conoció el diario de Pedrajas, la Compañía de Jesús se limitó a reconocer que había recibido dos denuncias en su contra.
Una concluyó con un reconocimiento de «verosimilitud» y otra seguía en curso. Pero en ningún caso las remitieron a las autoridades judiciales.
«Manifestamos nuestro profundo pesar por el daño ocasionado a las víctimas, nos sentimos avergonzados por la situación y, según la política establecida para estos casos, reafirmamos nuestro compromiso de escuchar a las víctimas, procurar hacer justicia en los casos que sea posible y continuar trabajando para acabar con esta lacra», dijeron en un comunicado.
Pero los tardíos lamentos, para el Gobierno boliviano y las víctimas, son insuficientes, ya que lo que exigen ahora es justicia.