⚠️ ¡ALERTA ECONÓMICA! MARIOTTI DENUNCIA QUE LEY DE RESIDUOS ASFIXIA A LAS MIPYMES CON IMPUESTOS INJUSTOS 🏭🚫
SANTO DOMINGO,RD.- El dirigente político Charlie Mariotti ha expresado su profunda preocupación ante lo que considera un castigo tributario desproporcionado para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el líder opositor, el esquema de impuestos establecido en la Ley de Gestión de Residuos rompe con cualquier principio de justicia fiscal en el país. Mariotti asegura que la normativa actual no toma en cuenta la capacidad real de generación de ingresos de los pequeños negocios frente a las grandes corporaciones.
Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de equidad en las cuotas fijas establecidas para las empresas que superan ciertos umbrales de facturación. Se critica que un negocio que genera ingresos moderados deba pagar la misma tarifa que una multinacional con beneficios multimillonarios, lo que crea una brecha competitiva insalvable. Para el dirigente, este modelo impone una carga pesada sobre los hombros de quienes representan el motor principal del empleo y el emprendimiento a nivel nacional.
La denuncia también resalta la ausencia de mecanismos de transición o gradualidad que permitan a las Mipymes adaptarse a las nuevas exigencias ambientales. Mariotti sostiene que, aunque la protección del medio ambiente es una meta compartida por todos los sectores, no puede lograrse a costa de la viabilidad financiera de las empresas más pequeñas. La falta de acompañamiento técnico y la inmediatez de los cobros están generando una presión económica que muchos negocios locales no pueden soportar.
Además del impacto financiero directo, se cuestiona la falta de correspondencia entre los altos pagos exigidos y la calidad del servicio de gestión de residuos que se recibe. Según los planteamientos presentados, las empresas están obligadas a cumplir con aportes significativos sin que esto garantice una recolección eficiente o un tratamiento adecuado de los desechos en sus zonas de operación. Esta desconexión entre el cobro y el beneficio ambiental percibido es calificada como una política pública deficiente.
El llamado a las autoridades es claro: se requiere una revisión urgente de la normativa para evitar que el desarrollo sostenible se convierta en un obstáculo para el crecimiento económico. Se propone establecer escalas contributivas más justas que se ajusten a la realidad de cada sector y tamaño de empresa. La intención es que la responsabilidad ambiental sea compartida de manera proporcional, incentivando el cumplimiento en lugar de castigar la productividad de los pequeños empresarios dominicanos.
Finalmente, Mariotti enfatiza que defender el ecosistema no debe ser sinónimo de asfixiar a quienes producen y generan riqueza en las comunidades. La sostenibilidad solo es posible si se garantiza la supervivencia del tejido empresarial que sostiene a miles de familias. Se espera que este reclamo motive un diálogo nacional que resulte en modificaciones legislativas para proteger a las Mipymes de un colapso financiero provocado por cargas impositivas injustificadas.