Cualquiera que lo desee o necesite, averigua o sabe dónde ir para comprar armas o municiones, pese la prohibición desde hace décadas de la importación de pistolas y cápsulas para defensa personal.

Es más incómodo (y a veces más caro) adquirir legalmente una escopeta de cacería y sus cartuchos que conseguir un revolver nuevo o usado en el mercado negro. La ilegalidad del comercio de armas no ha impedido su tráfico y contrabando ni que los delincuentes, desde asaltantes hasta gatilleros o sicarios, dispongan de sus herramientas de trabajo.

Esta situación es tan absurda que obliga a pensar que fue decidida para favorecer a quienes impunemente violan la ley con una flagrancia que no motiva persecución policial, acción judicial ni indignación social.

Perjudica a ciudadanos cumplidores mientras las autoridades pierden terreno frente a delincuentes armados hasta los dientes, incluso con armas automáticas de guerra. Recientemente la Iglesia instó a las autoridades desarmar a la población, mala cosa si se aplica a los civiles decentes obligados a armarse por sus negocios, oficios o para proteger a sus familias.

La Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos y que el tráfico ilícito de armas y su importación, exportación o transporte aumenta la pena hasta 20 años de cárcel.

Nadie quiere recordar ni mencionar de dónde salieron armas y municiones que fueron a parar a manos de las pandillas haitianas.

Excepto los exitosos decomisos de la DGA por contrabandos en puertos, hay pocas noticias de avances de las autoridades en este campo. En vez de normalizar la ilegalidad rampante, las autoridades deben reabrir el comercio legal de armas y regularlo eficaz y correctamente. Si se aplica real voluntad política, a los delincuentes y criminales, incluidos sus poderosos socios, el Gobierno puede darles dura macana legal ejemplarmente.