El senador por San Juan, Félix Bautista, propuso hoy al senado que el derecho a la libertad de expresión y a la información, sea despenalizado con sanciones punitivas y, en su lugar, se establezcan sanciones económicas. Indicó que, en Argentina y Panamá, las sanciones son económicas, en Perú son económicas y servicios sociales y en Nicaragua, donde hay una dictadura, con exiliados y presos políticos, las sanciones también son económicas.
El legislador indicó, que en la constitución promulgada el 26 de enero del año 2010, la libertad ocupa un lugar central en 8 artículos (40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Estos artículos se refieren a la libertad y seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de empresa, libertad de expresión e información, libertad a la intimidad y al honor personal.
Dijo además que, en relación con el derecho de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, este constituye un derecho humano fundamental por ser inherente a la persona.
El art. 49 de la constitución, dispone que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, sin que pueda establecerse censura previa “Toda persona puede expresar libremente sus ideas y pensamientos, buscar información, recibir información y difundir información por cualquier medio”.
Estas disposiciones protegen el derecho a las críticas, las investigaciones, las denuncias, las publicaciones en medios digitales e impresos, las redes sociales y cualquier tipo de medios digitales. Sin libertad de expresión, es imposible controlar al gobierno, denunciar la corrupción, fiscalizar a los funcionarios públicos, celebrar elecciones libres y formar opinión pública.
Agregó que, la creación de una comisión bicameral (compuesta por senadores y diputados), propuesta por el presidente del senado, en la sesión del día de hoy, abre el espacio para discutir con los distintos sectores las sugerencias de
modificación al código penal.
El destacado jurista, Cristobal Rodríguez, con relación a la modificación del código, se deben garantizar los valores y principios consustanciales de la democracia, tales como: La seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el principio de la bicameralidad.
Además, eliminar los tipos penales vagos, imprecisos, indeterminados y contradictorios que no son compatibles con los derechos constitucionales de libre expresión e información, ya que la sanción en materia de difamación e injuria, y el denominado ultraje a funcionarios, no son compatibles con los derechos constitucionales de libre expresión e información, en virtud de que el tribunal constitucional ha establecido criterios firmes sobre la relevancia de las libertades de expresión e información.
Asimismo, expresó el jurista, que se debe discutir la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y la previsión que abre las puertas al aborto contra la voluntad de la madre.