Seis años después del anuncio de la reforma policial, el Gobierno sigue sin responder la pregunta más elemental de toda política pública: ¿cuánto dinero ha invertido el Estado y qué resultados ha recibido la sociedad?

Recientemente, la Cámara de Cuentas presentó una auditoría sobre la Policía Nacional correspondiente al período 2020-2022, en la que identificó importantes irregularidades administrativas y financieras. Sin embargo, dejó sin examinar el aspecto más relevante: la reforma policial nunca fue auditada. Tampoco fue auditado el Ministerio de Interior y Policía, institución que dirige y supervisa gran parte del proceso de transformación.

El país continúa sin conocer el costo real de una reforma que ha movilizado miles de millones de pesos en recursos públicos, cooperación internacional, fideicomisos, consultorías, asesorías, modificaciones legales y una compleja estructura administrativa.

Conviene recordar que la transparencia no consiste únicamente en publicar informes contables o presentar semanalmente las tasas de homicidios. También implica demostrar si los recursos públicos invertidos produjeron instituciones más eficientes y una mayor seguridad para la ciudadanía. Hasta la fecha, esa demostración no existe.

Para nadie es un secreto que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones nacionales. Los hechos de violencia, las denuncias por actuaciones policiales y la creciente desconfianza ciudadana evidencian que la reforma no ha generado el impacto que se prometió al país.

El Gobierno insiste en hablar de transformación y promueve una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional como la solución definitiva. Sin embargo, la ciudadanía evalúa la reforma por los resultados que experimenta diariamente en las calles y no por los discursos oficiales.

Surge entonces una pregunta de fondo: ¿por qué modificar la Ley núm. 590-16? Si esa legislación estructuró una Policía Nacional basada en la carrera policial, la jerarquía institucional, una cadena de mando claramente definida y una administración ejercida por los órganos creados por la propia ley, ¿por qué el nuevo proyecto incorpora a un civil para asumir funciones relacionadas con la administración financiera de la institución? Rompiendo el orden jerárquico.

Durante la denominada reforma se ha consolidado un modelo de gestión en el que funcionarios extranjeros en algunos casos naturalizados dominicanos han adquirido una influencia determinante en áreas estratégicas de la administración policial.

Si en la práctica ese modelo sustituyó competencias que la ley actual asigna a los órganos internos de la Policía Nacional, el Gobierno tiene el deber de explicar cuál es el fundamento jurídico de esos cambios y qué mecanismos de control garantizan la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, debe aclarar si la modificación de la Ley núm. 590-16 busca otorgar respaldo legal a prácticas que la legislación vigente no contempla.

No estamos en contra de la cooperación internacional. Por el contrario, reconocemos su valor para fortalecer capacidades institucionales. Lo que resulta inaceptable es que dicha cooperación se utilice para justificar una dependencia permanente de estructuras externas, mientras se debilita el liderazgo institucional de la propia Policía Nacional.

Resulta aún más preocupante que, sin haber presentado una evaluación integral de la reforma iniciada en 2021, el Gobierno impulse una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional bajo la promesa de que modificar la ley resolverá los problemas de seguridad ciudadana. Cambiar nuevamente el marco legal sin evaluar los resultados de la estrategia anterior equivale a reconocer, implícitamente, que los objetivos planteados no fueron alcanzados.

Las instituciones policiales no fracasan por falta de leyes. Fracasan cuando carecen de dirección estratégica a través del órgano que la dirige y supervisa, evaluación permanente, responsabilidad administrativa, respeto por la institucionalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El país no necesita otra reforma escrita sobre el papel. Necesita saber cuánto costó la anterior, quién administró esos recursos, qué metas se cumplieron, cuáles fracasaron y quién asumirá la responsabilidad política por los resultados obtenidos.

El Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas. La sociedad dominicana tiene el derecho de exigirlas.