SANTO DOMINGO.– Mientras Estados Unidos presiona a República Dominicana para que abra su mercado al arroz estadounidense conforme a los compromisos del DR-CAFTA, Washington comenzó a aplicar desde julio un arancel adicional de 12.5 % a una amplia gama de productos dominicanos.
Las dos medidas tienen fundamentos jurídicos diferentes, sin embargo impone un contraste ya que mientras Washington reclama que República Dominicana cumpla la liberalización comercial acordada hace casi dos décadas, al mismo tiempo utiliza mecanismos de su legislación interna para imponer nuevos gravámenes a mercancías de países con los que mantiene acuerdos comerciales.
El nuevo arancel estadounidense entró en vigor el 24 de julio de 2026 y fue adoptado mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
República Dominicana quedó entre las economías sometidas a una tasa adicional de 12.5 %, aunque existen importantes excepciones para determinados productos.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que las prácticas de 60 economías podían ser objeto de acciones bajo la Sección 301 por no disponer o no aplicar efectivamente mecanismos que impidan la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso
Estados Unidos no está afirmando que los productos exportados por República Dominicana hacia su territorio sean fabricados mediante trabajo forzoso.
El cuestionamiento estadounidense se a que Washington considera que República Dominicana no dispone y aplica efectivamente una prohibición para impedir que ingresen a su propio mercado mercancías producidas mediante trabajo forzoso en terceros países.
La administración estadounidense sostiene que permitir la entrada de esos productos puede afectar las condiciones de competencia de empresas y trabajadores estadounidenses.
La investigación comenzó en marzo pasado y forma parte de una ofensiva comercial mucho más amplia de la administración de Donald Trump.
La Sección 301 permite a Estados Unidos responder a políticas o prácticas extranjeras que considere injustificables, irrazonables o discriminatorias y que afecten su comercio.
Unos pagan 10 % y otros 12.5 %
Washington estableció dos tratamientos principales.
Los países que ya tienen prohibiciones contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, asumieron compromisos para establecerlas o cuentan con determinados mecanismos recibieron generalmente una tasa de 10 %.
Para las demás economías investigadas se estableció un gravamen de 12.5 %. En este último grupo quedó República Dominicana.
El arroz, otro frente comercial
Paralelamente, Estados Unidos mantiene abierto otro expediente comercial con República Dominicana: el arroz.
Washington cuestiona la decisión del Gobierno del presidente Luis Abinader de mantener protegido ese mercado después de concluir el período de transición negociado en el DR-CAFTA.
El Decreto 693-24 mantuvo para el arroz estadounidense un contingente de 23,300 toneladas métricas bajo condiciones preferenciales y un arancel de 99 % para las cantidades que excedan ese volumen.
Estados Unidos sostiene que el calendario negociado establecía la eliminación de esas restricciones desde enero de 2025.