El diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia San Pedro de Macorís, Alcibíades Tavárez, sometió un proyecto de ley que busca modificar la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, para establecer medidas de protección a los usuarios de tarjetas de crédito, reducir las tasas de interés y fijar un límite máximo al costo del financiamiento.
“Con esta iniciativa inicialmente buscamos la reducción del 30 % de las tasas de interés vigentes a la fecha de referencia que se establezca para su implementación. La medida se aplicaría tanto a los saldos financiados existentes como a las nuevas operaciones, conforme a las disposiciones transitorias y reglamentarias”, agregó.
El congresista explicó que el proyecto también establece una Tasa Máxima de Tarjetas de Crédito (TMTC), calculada con referencia a la Tasa Activa Promedio Ponderada de los créditos de consumo en moneda nacional, más un margen regulatorio que determinaría la Junta Monetaria. Sin embargo, dispone que el interés nunca podrá superar el 45 % anual.
La propuesta establece que, si la reducción inicial del 30 % genera una tasa inferior al límite máximo, las entidades financieras deberán mantener la tasa más favorable para el usuario, sin utilizar el tope legal como justificación para aumentar una tasa previamente menor.
Señaló que en materia de transparencia, el proyecto dispone que los estados de cuenta identifiquen por separado el capital adeudado, los intereses, las comisiones, los cargos, el pago mínimo y la tasa anual. También deberán incluir una estimación del tiempo necesario para saldar la deuda cuando el titular se limite a pagar el monto mínimo.
“La iniciativa contempla, además, que los usuarios puedan realizar pagos anticipados parciales o totales sin penalidad, de acuerdo con las reglas aplicables, y que los cambios en las tasas sean comunicados previamente y respeten tanto los contratos como la regulación vigente”, indicó.
Otro de los puntos centrales es la prohibición de cobrar intereses sobre montos de capital que ya hayan sido pagados. El proyecto establece que cualquier cobro de esa naturaleza constituirá una infracción y dará lugar a la devolución o acreditación de las sumas cobradas indebidamente, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.