«Aberración jurídica»: Manifestantes agredidos por la policía en Perú podrían pasar a ser investigados
El abogado Juan José Quispe, defensor de Rolando Marcas Arango –uno de los heridos durante las protestas en Lima contra la presidenta peruana Dina Boluarte–, alertó que la Fiscalía Superior de Perú pretende bloquear las investigaciones sobre los abusos sobre los manifestantes, intentando que las víctimas pasen a tener la condición de investigados en la misma carpeta fiscal.
Según el letrado, las irregularidades se hicieron evidentes cuando Marco Guzmán Baca, titular del cuarto despacho de la sexta fiscalía provincial penal de Lima, se inhibió de las investigaciones sobre las agresiones a policías y remitió el caso a la Fiscal Superior, Marena Mendoza Sánchez, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Especializados en Derechos Humanos, según recoge La República.
De acuerdo con Quispe, la fiscal Mendoza Sánchez emitió «una resolución inaudita, inexplicable, arbitraria e ilegal el 10 de mayo último, donde resuelve la acumulación de las carpetas fiscales 298 y la 79», correspondiendo la primera a la investigación sobre las presuntas agresiones a los policías, y la segunda a la que se ocupa de los ataques a los manifestantes.
Para el letrado, esa unificación es «una aberración jurídica, porque una persona no puede ser agraviada y denunciada en una misma carpeta fiscal, no puede ser víctima e investigada a la vez».
Tras la acumulación de las carpetas, el expediente pasó a la fiscal del Equipo Especial, Lidia Nieto Pablo, quien notificó a las partes.
Frente a esta procedimiento, los abogados de los agraviados civiles presentaron una oposición por considerar que el procedimiento es «ilegal».
La fiscal Nieto Pablo explicó que era imposible realizar esa acumulación, debido a que los civiles podrían haber sido víctimas de delitos contra la humanidad y de grave violación a los derechos humanos, mientras que los policías habrían padecido faltas como resistencia a la autoridad, disturbios o agresiones.
La diferencia en los presuntos delitos imputables, por lo tanto, demuestra que son casos distintos y que no se pueden acumular.
Además, según Nieto Pablo, no existen varias personas que aparezcan como autoras del mismo hecho punible en el mismo sitio y fecha, ni imputaciones recíprocas, contradiciendo los argumentos de la fiscal superior Mendoza.
Juan José Quispe, por su lado, considera que lo sucedido fue un ‘globo de ensayo’ que no ha sido exitoso, pero advierte que la intención de los fiscales superiores es acumular los casos en los que las víctimas podrían pasar a investigadas.
Para él, «eso podría aplicarse en los casos de asesinatos de manifestantes en el interior del país».
Ahora, el expediente ha vuelto a manos del fiscal Marco Guzmán Baca –que se había inhibido en favor de Mendoza–para investigar las agresiones a policías, mientras que el caso de las víctimas civiles será tratado por el Equipo Especial.