Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno dominicano para que brinde protección a quienes defienden los derechos de los inmigrantes.
Santo Domingo. – Amnistía Internacional ha emitido un urgente llamado al gobierno dominicano para que garantice la protección de aquellos que defienden los derechos de las personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y afrodescendientes. Además, instan a que se tomen acciones concretas en contra de quienes promueven discursos de odio y perpetran ataques contra estos defensores.
«Es imperativo que las autoridades dominicanas pongan fin a declaraciones, prácticas, políticas y decisiones que van en contra de los derechos humanos, las cuales favorecen la persistencia del racismo estructural y generan un entorno propicio para la discriminación», señalaron desde la organización.
Amnistía Internacional ha advertido sobre el creciente clima de hostilidad, racismo y amenazas que enfrentan estas personas, un contexto que podría desembocar en violencia física y en un silenciamiento irreversible de la sociedad civil crítica hacia el modelo migratorio y racial del país.
“Las autoridades deben intervenir de manera contundente ante las crecientes amenazas contra los defensores de derechos humanos, ya que de lo contrario, estas podrían conducir a la violencia física y al silenciamiento permanente de una parte de la sociedad civil dominicana”, alertó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.
La organización subrayó que el Estado dominicano tiene la obligación de detener las políticas, discursos y prácticas institucionales que perpetúan lo que califican como racismo estructural. Entre estas medidas se encuentran las expulsiones colectivas de ciudadanos haitianos, el perfilamiento racial de personas negras y la negativa a garantizar la nacionalidad dominicana a descendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en 2013.
Amnistía también condenó los mensajes estigmatizantes emitidos por autoridades que culpan a la población migrante haitiana del deterioro de los servicios públicos como la educación y la salud. Esta narrativa ha sido fundamental en la proliferación de discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación.
Ataques y vigilancia digital
La organización ha denunciado que activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas migrantes están siendo blanco de doxing (exposición pública de datos personales), amenazas en línea, ciberataques y campañas de desprestigio.
“Nos preocupa el aumento de discursos racistas en redes y medios, que han generado un asedio digital que estigmatiza, difama y amenaza a los defensores. En algunos casos, incluso se ha inhabilitado el sitio web de una ONG”, denunció Piquer.
Casos recientes, como los ataques reportados por el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOTSCHA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la organización Participación Ciudadana, reflejan, según Amnistía, una peligrosa normalización de la violencia contra quienes alzan la voz contra la discriminación racial.
Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, enfatizó que el gobierno dominicano está incumpliendo sus compromisos internacionales de protección hacia los defensores de derechos humanos.
«No hacerlo sentaría un peligroso precedente para la libertad de expresión de cualquier persona en el país», destacó.
Además, la organización internacional expresó su preocupación por el hecho de que muchas de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General y la Policía Nacional no están recibiendo la debida atención, lo que, según advirtió, deja a los defensores en una situación de extrema vulnerabilidad.