SANTO DOMINGO,RD.- Ángel Rondón, principal imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, inicia este lunes con la incorporación de sus pruebas documentales en el juicio a fin de desmontar las acusaciones que el Ministerio Público ha hacho en su contra.

Durante todo el proceso este empresario ha dicho que fungió como representante comercial de Odebrecht en el país y que los dineros que recibió de esa constructora fueron por sus servicios profesionales, y eso es lo que pretende demostrar ahora que le toca el turno de presentar sus pruebas en el juicio.

En audiencias anteriores manifestó que es inocente y que ningún documento, prueba o testigo lo ha señalado como sobornador.

“El juicio es peor que la condena, y yo me declaro inocente ante ustedes porque no existen pruebas que me puedan a mí condenar por una relación de soborno bajo ningún funcionario ni ningún legislador”, expresó.

Según la Pepca, Ángel Rondón es la pieza clave en el caso de los US$92 millones en sobornos pagados por Odebrecht para resultar beneficiaria con contratos de las obras del estatales. En el juicio establecieron que, supuestamente, Rondón recibió casi 1,000 millones de pesos y más de 2 millones de dólares entre 2002 y 2017 producto de acciones delictivas cometidas en perjuicio del Estado dominicano.

“Para acumular, mover todo ese dinero y darles apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados, diseñó un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas una serie de sociedades comerciales, que le sirvieron de plataforma para adquirir cuentas y otros productos bancarios en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los actos ilícitos cometidos”, dice parte de la acusación que hacen contra Rondón.

En el juicio por los sobornos de Odebrecht está en juego la responsabilidad del representante empresarial Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeño y los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón. También de Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también exdirector de Inapa.

Se les imputan los delitos de soborno, prevaricación, lavado de activos, falsedad en declaraciones juradas, delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su función y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.