Apego a la ley

Apego a la ley

Desde que asumí en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el apego a la ley ha sido la sagrada hoja de ruta, el origen de la solución a numerosos y profundos problemas que habían quedado rezagados en los últimos años. Como siempre sostiene el presidente Abinader, volviendo a la legalidad, muchos desafíos podrán ser sorteados.

En las últimas semanas, dos ejemplos han dado fe y testimonio de este esfuerzo. Por un lado, con respecto al desarrollo turístico de Pedernales, y la garantía de que no se violarán las áreas protegidas. Por el otro, el trabajo mancomunado para dotar de títulos de propiedad a las áreas protegidas, uno de nuestros grandes objetivos.

En diciembre pasado, el presidente Abinader, mediante el decreto 724-20, dispuso la constitución de un fideicomiso público para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales y zonas aledañas, denominado “Fideicomiso Pro-Pedernales”, ante la cual surgieron cuestionantes lógicas en algunos sectores de la sociedad dominicana sobre si este proyecto iba a comprometer las áreas protegidas.

En un comunicado conjunto con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), en la persona de su director Sigmund Freud, reafirmamos el compromiso de cumplir con la Constitución de la República; la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04., y por consiguiente, garantizamos que las áreas protegidas correspondientes al Parque Nacional Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Jaragua, que incluye a Bahía de las Águilas, no serán impactados cuando se inicien los trabajos que permitirán el desarrollo turístico de Pedernales.

En lo que respecta a uno de los grandes objetivos trazados de esta gestión, nos reunimos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario (RI), Luis Henry Molina, para afianzar voluntades y lograr dotarle a las áreas protegidas su título de propiedad, lo que implica trabajar de cerca con la Suprema Corte de Justicia, a través del Registro Inmobiliario, y de esta manera unificar criterios para que el Estado dominicano cuente con los títulos que le acrediten como legítimo dueño de esos espacios de importancia para la República Dominicana, hoy por hoy, alrededor del 25% del territorio nacional.

En ese sentido, la ley y su estricto cumplimiento se transforman en un camino elemental para la sostenibilidad del medio ambiente y los ecosistemas del país. Blindar las áreas protegidas con su título de propiedad de todos los dominicanos, es un paso decisivo y responsable de cara al futuro y de un auténtico estado de derecho. Es y será nuestro legado a las presentes y futuras generaciones del país.

Por. Orlando Jorge Mera

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