Argentina a la espera de una sesión a pura incertidumbre en el Senado por la legalización del aborto

Argentina a la espera de una sesión a pura incertidumbre en el Senado por la legalización del aborto

Organizaciones a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo preparan vigilias en las afueras del Congreso.

El Senado de Argentina realizará el martes una larga y crucial sesión de por lo menos 12 horas para ratificar o rechazar el proyecto de legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, y a partir de los 16 años, que fue enviado por el presidente Alberto Fernández y que ya aprobó la Cámara de Diputados.

La jornada, que comenzará a las 16:00 horas, estará marcada por la incertidumbre, ya que la votación es muy pareja y por ahora nadie puede garantizar ningún resultado debido a que varios senadores no han confirmado su postura, en tanto que otros podrían cambiarla. Las posiciones son conocidas como «voto verde», color que representa a quienes apoyan la legalización, y «voto celeste», que identifica a quienes la rechazan.

De acuerdo con una estimación realizada con base en sus declaraciones públicas, de los 72 legisladores queconforman este cuerpo, 30 votarían a favor y 32 en contra.

En un principio, los «celestes» tenían 34 votos asegurados, pero perdieron dos porque el expresidente Carlos Menem está internado en estado de coma y Jorge Alperovich se encuentra con licencia, ya que enfrenta una denuncia por abuso sexual en contra de su sobrina.

El dato a destacar es que de los 30 legisladores que hasta ahora han manifestado su apoyo al proyecto, 16 son mujeres. Por el contrario, entre los 32 que lo rechazan, apenas hay nueve senadoras.

Por ahora, los únicos indecisos o que mantienen oculto su voto son ocho senadores que inclinarán la balanza en un sentido o en otro. Se trata de Alberto Wereltinek, Laura Elena Rodríguez, Stella Maris Olalla, Ernesto Martínez, Sergio Leavy, Edgardo Kueider, Carmen Crexell y Oscar Castillo.

Mañana, los reflectores estarán puestos en ellos, pero si la sesión culmina en una votación pareja, toda la atención se volcará en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien como parte de su cargo también preside el Senado y solo vota si hay necesidad de desempate.

En ese caso, su voto será a favor del aborto legal.

Sin certezas

El gobierno intensificó durante las últimas semanas su estrategia para lograr que la legalización se apruebe porque, además de que fue una promesa del presidente desde la campaña, en medio de la actual crisis económica acentuada por la pandemia, el derecho al aborto legal representaría un triunfo político aplaudido desde los sectores progresistas.

Además, tendría repercusión internacional, ya que Argentina se sumaría a Cuba, Puerto Rico y Uruguay, únicos países latinoamericanos en donde el aborto es legal a nivel nacional.Lo que ocurra en el Senado también puede impactar en la lucha por este derecho que los colectivos feministas llevan a cabo en toda la región.

Aunque la postura sobre la legalización es transversal, es decir que la apoyan y rechazan tanto senadores oficialistas como opositores, se multiplicaron los rumores de que el expresidente Mauricio Macri estaba presionando a los senadores de su partido para que voten en contra, con el único fin de evitar que el gobierno obtenga rédito político, lo que no fue confirmado hasta ahora por ningún legislador.

La Iglesia Católica, por su parte, sí ha sido explícita en su convocatoria a rechazar el proyecto de ley, ya sea a través de comunicados, de misas o de declaraciones a los medios.

«Virgen santísima, te pedimos que detengas tu mirada sobre nuestros legisladores que tendrán que decidir sobre un tema de delicadeza tan extrema, que puedas provocar en ellos una reflexión en sus mentes y corazones», convocó el pasado sábado el Obispo Óscar Ojea, en una ceremonia realizada en la Basílica de Luján.

Así, a horas de que inicie una sesión que será histórica, el gobierno no tiene garantizado el aval necesario para aprobar la iniciativa, pero sí confía en que al final ganará con un margen ajustado que se diferenciará de la sesión del 9 de agosto de 2018, cuando la legalización fue rechazada con 38 votos en contra y 31 a favor.

La fuerte expectativa que hay en torno al debate del martes se reflejó en las redes sociales, con fotos de las y los senadores en viaje a Buenos Aires desde sus provincias y con mensajes que anticipaban su «voto verde», o a través de un desplegado con miles de firmas de apoyo de personalidades de diferentes ámbitos del país y que fue publicado en el diario Tiempo Argentino.

Mientras tanto, el operativo para dividir en dos la Plaza del Congreso ya está en marcha.

Tal y como ocurrió en la sesión que la Cámara de Diputados realizó el 11 de diciembre, del lado derecho estarán los colectivos «celestes», y en el izquierdo, los «verdes», separados a través de una amplia reja para evitar enfrentamientos. Tanto en Buenos Aires como en el resto del país habrá vigilias para esperar los resultados de un debate que terminará al amanecer del miércoles.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto impulsado por el presidente legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años. Ese plazo solo podrá ser mayor si el embarazo pone en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, o si es resultado de una violación, excepciones que ya contempla el Código Penal de Argentina desde 1921. Para ello, la solicitante deberá firmar una declaración jurada, requisito que no será necesario si es una niña menor de 13 años.

También establece que toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios públicos y privados del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, con garantía de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía, calidad y acceso a la información

En los casos de menores de 13 años, el aborto se realizará mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. Si tiene entre 13 y 16 años, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su autorización, el de al menos uno/a de sus representantes legales.

La iniciativa advierte que las y los funcionarios públicos, autoridades, profesionales y personal sanitario que dilaten injustificadamente, obstaculicen o nieguen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo podrán ser plausibles de sanciones penales de tres meses a un año, e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Durante su tratamiento legislativo, el proyecto sufrió algunos cambios para garantizar más votos. El más importante se refiere a la «objeción de conciencia» de los establecimientos de salud, que no estaba incluida en la iniciativa original y que permite que todos los profesionales de la salud de un mismo centro aleguen creencias personales para negarse a practicar un aborto. En caso de que eso ocurra, esa institución tendrá que derivar a la paciente que solicita interrumpir su embarazo para que sea atendida en tiempo y forma. Además, se hará cargo de los gastos.

Cecilia González

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