¿Armas letales? La recomendación del Consejo de Seguridad de Ecuador a Lasso contra el terrorismo
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de Ecuador recomendó al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, expedir un decreto ejecutivo en el que se establezcan medidas «coercitivas, urgentes y eficaces» para combatir el terrorismo.
Una de esas medidas es el uso de «armas letales», según un comunicado oficial publicado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador.
La recomendación se dio durante una reunión del Cosepe, liderada por el presidente Lasso, que se llevó a cabo el jueves en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, en Quito.
El Cosepe, según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, está conformado por el presidente y vicepresidente del país, los titulares de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia, los ministros de Defensa, de Gobierno y de Relaciones Exteriores, así como por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía.
En la reunión del jueves se resolvió declarar el terrorismo «como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado» y, por consiguiente, «a su seguridad integral».
Asimismo, resolvieron «declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme», con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado.
Como tercer punto, entonces, está la recomendación al mandatario para que emita el decreto en el que autorice «el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».
Se esperaba, según circuló en la prensa local antes del encuentro, que en la reunión las autoridades discutieran la declaratoria de ocho bandas criminales como terroristas, que serían: Los Choneros, Gángsters, Los Fatales, Los R7, Lagartos, Tiguerones, Lobos y Chone Killers.
Con esa declaración, las Fuerzas Armadas y la Policía pueden combatir a las bandas delictivas, sin que sea necesario poner en marcha un estado de excepción o de emergencia por parte del presidente de la República.
Alcance
El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo este viernes, en entrevista con Teleamazonas, que el mandatario «es el más interesado en esto».
«Es el que más énfasis le puso ayer de que tengamos acciones inmediatas, pero sobre todo, que podamos hacer uso de los medios letales para, obviamente, bajar la amenaza», expresó.
Añadió que el tratamiento a los terroristas es totalmente distinto. «Cuando nosotros vemos que existe la amenaza tanto al territorio como a la soberanía, que efectivamente es lo que ocurre en todos estos eventos, ya debe actuar las Fuerzas Armadas en contra del terrorismo» y llevar a cabo «acciones con material bélico», explicó.
«La declaratoria de amenaza para el Estado de la acción terrorista permite a las Fuerzas Armadas, cumpliendo su misión constitucional, iniciar las operaciones militares para enfrentar y contrarrestar esta amenaza contra la soberanía e integridad territorial, contra la democracia, libertades, derechos y garantías de los ecuatorianos», manifestó por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, también este viernes en conferencia de prensa.
Nuevos funcionarios
En la reunión participaron los generales en servicio pasivo Wagner Bravo y Paco Moncayo, recién posesionados el miércoles por Lasso en los cargos de secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado y consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, respectivamente.
«La inseguridad es el principal problema que estamos afrontando como país y este problema conlleva soluciones integrales», dijo Lasso en el acto de juramentación de esos nuevos funcionarios.
Asimismo, comentó que la preparación, formación académica y conocimientos en temas de seguridad de Bravo y Moncayo «serán fundamentales» en la lucha que el Gobierno libra «en contra del crimen organizado, del narcotráfico, el terrorismo y otros delitos».
La reunión del Cosepe estaba prevista, inicialmente, para el pasado 16 de abril, cinco días después de que se registrara una masacre en la provincia de Esmeraldas, ubicada al noroeste del país suramericano.
El 11 de abril, nueve personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas en el Puerto Pesquero Artesanal de la capital de esa provincia, del mismo nombre.
No obstante, la reunión, que se iba a llevar a cabo en Esmeraldas, se postergó tras una complicación de salud de Lasso, que fue diagnosticado con una «infección en las vías urinarias» que lo mantuvo internado en el Hospital Militar en Quito por varios días.
Asimismo, se dio la repentina salida de Diego Ordóñez de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado.
Armas en debate
Antes de esta recomendación del «empleo de armas letales» para combatir el terrorismo, el pasado 1 de abril el mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 707, mediante el cual se autorizaba la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional, lo que generó polémica en el país.
En rechazo a esa medida se pronunciaron varias casas de estudios superiores, como la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de las Artes, entre otras.
También lo hizo la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe).
«Estas reiteradas y erráticas decisiones del Gobierno nacional solo confirman su incapacidad de generar política pública que permita resolver el origen real del conflicto, que es la inequidad, desigualdad y la falta de oportunidades», señaló la organización.
El pasado martes, un grupo de abogados presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra el Decreto Ejecutivo 707.
«En la demanda solicitamos la suspensión provisional de las disposiciones acusadas como inconstitucionales», publicó en su cuenta en Twitter el abogado constitucionalista Alexander Barahona, uno de los demandantes.