Arranca en Argentina el juicio contra un policía acusado de espionaje en la Agencia Rodolfo Walsh
El juicio en contra del policía Américo Balbuena comenzó en Argentina en medio de una fuerte expectativa, ya que está acusado de haberse infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh para espiar a movimientos sociales.
Balbuena habría sido descubierto en 2013, pero el proceso judicial demoró una década y recién esta semana se sentó en el banco de los acusados junto con Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares, jefes de la División Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal.
Desde esta oficina, Sánchez y Ustares recibían los reportes del presunto espía, quien era ampliamente conocido como parte de los cronistas de los medios populares que cubren protestas, huelgas y todo tipo de movilizaciones en las calles, con un enfoque activista y de derechos humanos.
Por eso, el señalamiento de que era un infiltrado generó una conmoción, ya que Balbuena había logrado tejer una amplia red de relaciones y contaba con abundante información sobre los líderes y la estructura de las organizaciones, así como sus estrategias de lucha.
En el juicio, que comenzó el martes y terminará el viernes, Balbuena, Sánchez y Ustares están acusados del delito de «abuso de autoridad», ya que la ley prohíbe realizar tareas de inteligencia en contra de organizaciones sociales.
El caso es paradigmático porque, de confirmarse las acusaciones, demostraría que las fuerzas de Seguridad de Argentina no han desterrado prácticas de la última dictadura militar (1976-1983) que espió a toda aquella organización que pudiera considerar «un peligro».
Modus operandi
Balbuena entró en 2002 a la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, que es autogestiva y reivindica el compromiso militante del periodista y escritor argentino que en 1977 fue ejecutado por la dictadura.
Su puerta de entrada fue Rodolfo Grinberg, un conocido de la infancia que había fundado la agencia y que lo invitó a trabajar.
Desde el principio, de acuerdo con los testimonios del resto de los trabajadores, Balbuena se destacó porque siempre tenía tiempo disponible para cualquier tipo de cobertura y recursos económicos propios.
Así comenzó a cubrir marchas, manifestaciones y asambleas. Hablaba con dirigentes sociales, sindicalistas, víctimas de las fuerzas de Seguridad y con cualquiera que participara en protestas.
Entrevistaba mucho, pero publicaba poco.
En 2013, una fuente le reveló a Grinberg que Balbuena era un infiltrado de las fuerzas de Seguridad.
Comenzó entonces un proceso que se alargó hasta que, en 2018, el juez Sergio Torres interrogó al acusado.
Balbuena rechazó las imputaciones. Aunque reconoció que había trabajado en la Policía Federal, aseguró que no era espía.
«La actividad que realizaba era un ‘hobby’ personal, sin ninguna relación laboral, no había ningún ida y vuelta en cuanto a remuneraciones ni nada, y lo hacía fuera de horario de servicio y sin interferir con el mismo», señaló.
El viernes, el juez Daniel Rafecas decidirá si el falso trabajo periodístico de Balbuena era en verdad «un hobby», o si él y sus jefes violaron la ley para infiltrarse en cientos de organizaciones sociales y elaborar fichas de sus dirigentes.