Arrestan a ex canciller y abogada de Derechos Humanos, ambos críticos de Ortega en Nicaragua
Están siendo acusados de «presuntamente haber realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país.
El ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre y la activista de Derechos Humanos María Oviedo fueron detenidos y son investigados por presuntas acciones contra la soberanía de Nicaragua, informaron este jueves las autoridades, en una nueva orden judicial contra críticos del presidente Daniel Ortega.
A casi tres meses de las elecciones generales suman 31 opositores y críticos detenidos desde junio, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. Sondeos de opinión le otorgaban a algunos potencial de disputar el poder a Ortega, quien oficialmente no ha anunciado que buscará la reelección.
El ministerio Público, informó que Aguirre, economista y analista político de 76 años, es investigado por «presuntamente haber realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua», al incitar públicamente «a la injerencia extranjera en los asuntos internos».
También se le acusa de haber celebrado «la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos», en alusión a las más de 30 sanciones internacionales adoptadas desde 2018 contra funcionarios y familiares de Ortega por violación a los derechos humanos. La fiscalía no precisó cuándo ocurrió la captura de Aguirre, pero dijo que pidió a un juez «la ampliación del período de investigación y detención judicial» por 90 días, la que fue admitida. En tanto, la Policía informó la detención de la abogada María Oviedo, quien «esta siendo investigada» por los mismos delitos asociados a Aguirre.
Oviedo es miembro del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que defiende a personas privadas de libertad en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.
Los cargos contra Aguirre y Oviedo, que también le son imputados a todos los opositores detenidos, están contenidos en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega.
Esta ley también impide a los afectados postularse a cargos de elección popular.
Los delitos de «traición» a la patria y «menoscabo de la soberanía» son castigados con una pena de 10 a 15 años de cárcel. Las sanciones internacionales contra Ortega se redoblaron tras la seguidilla de arrestos, principalmente de los siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Aunque el mandatario, de 75 años, aún no ha anunciado oficialmente si buscará la reelección en los comicios del 7 de noviembre, sus allegados dan por hecho que será el candidato por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).