Asociarse para representar intereses comunes es una práctica legítima, necesaria y, en muchos casos, indispensable para fortalecer la gestión pública. En el ámbito municipal, la asociatividad puede facilitar la cooperación técnica, defender la autonomía local, articular posiciones frente al Gobierno central y promover mejores servicios para los ciudadanos. El problema comienza cuando esas entidades pierden su propósito, se convierten en espacios de reparto político y terminan funcionando más como estructuras de poder que como instrumentos de desarrollo.

Los recientes conflictos en algunas organizaciones municipalistas obligan a formular preguntas incómodas. ¿A quién representan realmente? ¿Defienden las necesidades de los territorios o los intereses de grupos políticos? ¿Sus recursos se destinan a formación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, o se consumen en congresos, viajes, hoteles, dietas y actividades que pocas veces dejan resultados verificables?

No cuestiono la existencia de estas organizaciones. Creo en ellas. Lo que cuestiono es la distancia creciente entre lo que proclaman y lo que hacen. Una asociación financiada directa o indirectamente con recursos públicos no puede administrarse como un club privado, una plataforma electoral ni una propiedad indefinida de determinados dirigentes. Debe estar sometida a reglas, controles, transparencia, alternabilidad y rendición de cuentas.

La Ley 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro establece obligaciones que van mucho más allá de tener personalidad jurídica y celebrar asambleas. Estas entidades deben actuar conforme a sus estatutos, administrar sus recursos con responsabilidad, mantener registros, presentar informes y garantizar que sus actividades respondan a los fines para los cuales fueron creadas. La legalidad no puede reducirse a completar formularios. También implica coherencia institucional, democracia interna y respeto por sus miembros.

Cuando una federación o asociación permite que sus elecciones se conviertan en una batalla partidaria, su credibilidad queda comprometida. Cuando las candidaturas se admiten o rechazan bajo criterios discutibles, se debilita la confianza. Cuando una misma estructura concentra durante demasiado tiempo decisiones, relaciones y recursos, la institución termina dependiendo de personas y no de normas. Y cuando los conflictos internos requieren la intervención de tribunales, queda claro que los mecanismos de gobernanza han fallado.

También resulta necesario revisar el costo real de esta asociatividad. Los municipios y distritos municipales operan con limitaciones severas. Muchas comunidades carecen de caminos adecuados, cementerios organizados, mercados dignos, equipos para recoger residuos y personal técnico suficiente. En ese contexto, cada peso destinado a una asociación debe justificarse con resultados concretos. No basta con fotografías, encuentros y discursos. Hay que mostrar cuántos gobiernos locales mejoraron sus capacidades, cuántas normas fueron implementadas, cuántos técnicos fueron formados y qué beneficios recibió la población.

La asociatividad municipal necesita una depuración ética y funcional. Debe recuperar su sentido de servicio, profesionalizar sus estructuras, limitar la influencia partidaria y abrir sus decisiones al escrutinio de sus miembros y de la sociedad. Asociarse no es agruparse para administrar privilegios. Es compartir capacidades, responsabilidades y soluciones.

Defender la asociatividad también exige denunciar sus deformaciones. Callar por compañerismo político o conveniencia institucional solo prolonga el problema. Las organizaciones municipalistas deben decidir si quieren ser verdaderas herramientas de transformación territorial o simples escenarios para disputar poder y gastar recursos públicos. El país necesita lo primero.