Basilio Sánchez advierte sobre la carga impositiva en servicios streaming y los riesgos de frenar el emprendimiento digital
SANTO DOMINGO,RD.- En un análisis económico difundido en el programa Visión RDN, bajo la conducción de Ariel Lara, el expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, Basilio Sánchez, abordó las intenciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de aplicar gravámenes a los servicios digitales y plataformas de streaming. Sánchez advirtió que la pretensión de gravar con el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a plataformas como Netflix carece de un marco jurídico nítido en la Ley 11-92, ya que el código vigente configura dicho impuesto para la transferencia de bienes tangibles y servicios tradicionales, mas no delimita con claridad la figura de los intangibles y las licencias informáticas, los cuales históricamente han gozado de exenciones técnicas.
El impacto directo sobre la clase media consumidora
El especialista tributario enfatizó que cualquier intento de formalizar una carga impositiva sobre el entretenimiento y las herramientas digitales se traducirá en un impacto directo y exclusivo al consumidor dominicano, afectando principalmente a la clase media. Explicó que el sector empresarial de las telecomunicaciones y el entretenimiento digital no asumirá el costo fiscal, sino que lo transferirá en su totalidad a las tarifas finales de los usuarios. Según Sánchez, el Estado recurre de manera recurrente a estas aspiraciones recaudatorias debido a la constante presión presupuestaria y a la necesidad de financiar el gasto público y los compromisos de deuda externa que arrastra la administración actual.
El dilema de la doble tributación y quiebra de creadores digitales
Durante el intercambio, se analizó el escenario crítico al que se enfrentan los creadores de contenido independientes y emprendedores digitales locales debido a la falta de un convenio de doble tributación entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Sánchez señaló que la legislación estadounidense retiene de forma automática un 30% de los ingresos por considerarlos renta territorial bajo sus normativas, mientras que el código local exige a las empresas constituidas compromisos de hasta un 27% de Impuesto sobre la Renta. Advirtió que la imposición de tasas adicionales locales, como el 18% tradicional, somete al sector a una asfixia financiera que atenta de forma indirecta contra la sostenibilidad laboral de equipos técnicos, editores y diseñadores que dependen de esta industria innovadora.
Crítica a la inoperancia y falta de perfil técnico en la Cámara de Cuentas
Al ser consultado sobre el órgano de control externo del patrimonio público, calificado popularmente como «la cámara de cuentos», el experto contable lamentó que históricamente la institución haya sido tratada por la clase política como un botín de guerra orientado a la asignación de sueldos desproporcionados sin ofrecer resultados tangibles. Criticó el método de selección ejecutado por el Congreso Nacional, señalando la dicotomía de que comisiones legislativas sin formación económica evalúen los perfiles de los aspirantes. El especialista afirmó que para romper la percepción de impunidad y evitar que los ciudadanos cuestionen el pago de sus impuestos, la Cámara de Cuentas debe despolitizarse e integrar obligatoriamente a profesionales de la tecnología y a una batería de auditores con alta experiencia en fiscalización.
Necesidad de auditorías en tiempo real y la unidad forense antifraude
Sánchez argumentó que la gestión de fiscalización pública resulta ineficiente debido a que las auditorías se ejecutan con hasta diez años de retraso, permitiendo que exfuncionarios sin control de documentos aleguen problemas de salud o que las nuevas administraciones alteren o borren las evidencias físicas. Sostuvo que el órgano supervisor debe operar «on time» y diseñar una mesa de planificación conjunta con la Contraloría General de la República para unificar los programas de control interno. Finalmente, destacó la urgencia de fortalecer la Unidad Antifraude de la Contraloría —organismo impulsado bajo su gestión en el año 2021 mediante la formación de auditores forenses— para proveer informes técnicos confiables que sirvan como auxiliares determinantes en los tribunales de justicia contra la corrupción administrativa.