El abogado y escritor, Carlos Salcedo. Fuente externa

Terminando el año pasado el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional los artículos 152 y 157 de la Ley de Régimen Electoral. Estos establecían que las candidaturas independientes debían presentarse a través de agrupaciones políticas constituidas conforme a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El TC estableció que la Constitución no monopoliza en manos de los partidos políticos la presentación de candidaturas a puestos de elección popular, recomendando una nueva redacción para determinar los requisitos de presentación de candidaturas independientes.

No analizaré ahora la competencia asumida por el TC como otros aspectos que ameritan otro ejercicio hermenéutico. Lo cierto es que, para muchos, dicha decisión abriría el camino para que candidatos independientes puedan aspirar a cargos de elección popular sin contar con los partidos políticos, lo que ha movido y congregado a varias organizaciones políticas para buscar soluciones que disminuyan el impacto de dicha sentencia.

No les queda de otra. Deben unificarse para que la recomendación del TC permita que la nueva redacción de dichos artículos, expulsados del ordenamiento legal, pasen el cedazo constitucional.

Lo que está detrás de la sentencia aludida y que podría explicar una decisión que hace temblar las simientes de nuestra democracia partidaria, es que muchas actuaciones de los dirigentes de organizaciones políticas está contribuyendo, en nuestro país, a la creciente falta de fe de una parte del pueblo en los partidos políticos como instrumentos de participación política.

Para una parte de la población los partidos políticos son instrumentos al servicio de sus dirigentes, quienes, sin legitimar internamente sus actuaciones o haciéndolo atropelladamente, deciden por todos los miembros, con el consecuente impacto en los mecanismos de representación política con que cuenta la ciudadanía.

Ciertamente, se advierten debilidades en los partidos como mecanismos de participación, sobre todo para cautivar a la población, lo que desvirtúa su misión institucional. Ese desgaste tiene graves consecuencias en la población que, muchas veces, siente que los partidos tienen un esquema clientelista y corporativista y que no los representa.

Esas debilidades ponen en tela de juicio la mediación y representación de los partidos políticos y plantea las posibles alternativas de candidatos independientes que, conforme a los requisitos por fijarse, puedan acceder a candidaturas por fuera de los partidos políticos establecidos en el sistema.

El mensaje del TC es claro: los partidos políticos se legitiman cuando sus intereses son los del ciudadano. Este es su desafío.