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Coalición señala que la normativa establece un gravamen del 25% sobre la energía solar que se inyecta a la red.
Santo Domingo. -El grupo RD100% Renovable criticó una nueva normativa de la Superintendencia de Electricidad (SIE) que impone un gravamen del 25% sobre la electricidad solar que los usuarios de baja demanda vierten a la red. Este costo se aplica a quienes tienen tarifas únicas y se calcula multiplicando la energía devuelta por un 25% del valor de la energía contratada. La organización señala que este gravamen afectará especialmente a más de un millón de consumidores de bajos ingresos, quienes ya enfrentan desigualdades en su acceso a la energía solar.
Además, enfatizan que estos consumidores no pueden beneficiarse de incentivos fiscales para energías limpias, lo que agrava la desigualdad existente. Consideran que esta medida representa un retroceso, ya que antes no se cobraba este gravamen y limita el acceso a la energía solar para los más desfavorecidos. En 2023, solo alrededor de 150 usuarios de bajos ingresos tenían sistemas solares, a pesar de ser el 98% de los usuarios de empresas distribuidoras de electricidad.
La normativa también obstaculiza la expansión de la instalación de paneles solares en los tejados, aunque se han logrado algunos avances, como la eliminación de un tope del 15% para la energía fotovoltaica y una validación más rápida de propuestas de desarrollo. Sin embargo, la normativa parece tratar la instalación de paneles solares como una tarea compleja, cuando en la mayoría de los casos es un proceso sencillo. La exigencia de que solo profesionales acreditados puedan realizar estas instalaciones se considera excesiva y un obstáculo para su adopción masiva.
Además, los procedimientos requeridos para colocar paneles solares siguen siendo complicados, a pesar de los esfuerzos por digitalizar el proceso. Se sugiere que los consumidores con bajo consumo no deberían tener que realizar trámites complicados hasta que soliciten un contador que mida la energía en ambas direcciones.
La organización también cuestiona la información suministrada sobre los pagos a los usuarios por la energía que entregan a la red, ya que las tarifas ofrecidas son mucho más bajas que las que los consumidores pagan por su electricidad, lo que va en contra de la Ley 57-07. Finalmente, se manifiestan preocupados por las intromisiones de la normativa en sistemas de autoabastecimiento que no venden electricidad a la red, argumentando que no hay razón para requerir inscripciones o revisiones en estos casos, ya que esto violaría derechos fundamentales.

