Colombia cumple «parcialmente» con las recomendaciones de la CIDH para evitar violaciones de los derechos humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual sobre Colombia, afirmó que el país suramericano ha cumplido parcialmente con sus recomendaciones sobre las medidas del Estado para evitar las violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.
En el texto, de 94 páginas, se hace un seguimiento de las observaciones hechas por la CIDH en varias emisiones del informe ‘Verdad, justicia y reparación’, entre los años 2013 y 2020, y de los avances del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
En los puntos neurálgicos del tema de seguridad ciudadana relacionados con la judicialización de los agentes del Estado responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la separación de sus cargos de quienes hayan incurrido en violación de los derechos humanos, la Corte determinó que los avances habían sido parciales e incumplidos.
Deudas con esclarecimiento de ‘falsos positivos’
La CIDH le pidió al Gobierno colombiano que adoptara, «a la brevedad», medidas para evitar que los agentes del Estado cometieran violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Para lograr esto, pedía una «investigación seria imparcial y efectiva» y una «formación intensiva» en ambos temas.
Entre sus peticiones se encontraba la adopción de mecanismos «para garantizar que los casos de ejecuciones extrajudiciales sean investigados en la jurisdicción competente».
Al respecto, el Estado colombiano informó que abrió 28 investigaciones contra oficiales militares de alto rango por ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas de 2002 a 2008.
Entre esos años, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron asesinadas 6.402 personas a la que las fuerzas militares presentaron como «bajas en combate».
En cuanto a los casos de ese tipo reportados en 2018, Colombia dijo que se adelantan 24 procesos en ‘etapa de indagación’ e ‘investigación preliminar’.
Adicional a estas cifras, según la CIDH, hasta noviembre de 2021, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía tramitó 2.209 casos activos, de los cuales 16 estarían relacionados con los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.
Como ninguna de estas investigaciones ha avanzado a la etapa de juzgamiento, según la Comisión, a pesar de que el Estado se comprometió a que serían judicializados los máximos responsables de estos crímenes, esta recomendación se considera parcialmente cumplida.
Con respecto a la solicitud del organismo regional de que se establecieran mecanismos para que los miembros de las fuerzas de seguridad que resultaran comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos fueran «suspendidos del servicio activo», «el Estado no envió información al respecto», recoge el documento.
Las otras protestas
A pesar de que las manifestaciones que alcanzaron mayor visibilidad internacional fueron las de 2021, estas tomaron fuerza desde 2019 en algunas ciudades del país donde los colombianos salieron a protestar en contra de varias medidas gubernamentales y en reclamo de mejoras en los sectores de educación, salud, empleo y seguridad social, entre otros.
Durante estas movilizaciones masivas, las organizaciones sociales y las víctimas denunciaron abusos policiales y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.
Ante estas denuncias, la CIDH pidió al Gobierno colombiano que adoptara medidas pertinentes para que «los miembros de las fuerzas de seguridad que resulten comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos sean suspendidos del servicio activo».
Al indagar sobre las movilizaciones de 2020, la Comisión fue informada de los «escasos avances en varias de las investigaciones judiciales» sobre las personas que fallecieron entre el 9 y 10 de septiembre de ese año.