Demagogia con la extinción de dominio

Demagogia con la extinción de dominio

Nassef Perdomo Cordero, abogado.

Cuando le tocó hablar sobre la Ley de Extinción de Dominio —entonces proyecto— la procuradora general Miriam Germán alertó de la posibilidad de que se convirtiera en una ley de extorsión. Es relevante que lo dijera ella, puesto que lo hace desde la responsabilidad que le corresponde en la aplicación.

La conciencia de esa responsabilidad la llevó a ser cauta, a llamar la atención sobre el hecho de que los peligros de la ley como la había aprobado el Senado no eran teóricos, sino prácticos.

Lamentablemente, no ocurre lo mismo con todos los actores. Pocos días después de que el presidente Abinader promulgara la ley, uno de los senadores que la impulsó difundió un video en el cual reivindica la posibilidad de violar el artículo 110 de la Constitución. Lo hace a pesar de que él mismo votó a favor de la exclusión del artículo que abría esa posibilidad.

Ese senador, que llamó sicarios del Derecho a quienes advertían de la inconstitucionalidad de ese propósito, ahora entiende que puede convertirse en verdugo del Estado de derecho.

Esto no es casual y es, precisamente, el gran reto que traerá la Ley de Extinción de Dominio: para algunos no es una herramienta para combatir la criminalidad organizada, sino para presentarse como salvadores del pueblo. Eso crea el peligro de que la aplicación de la ley, en lugar de responder a las necesidades institucionales del país y al Estado de derecho, haga juego a la política demagógica.

La mejor forma de evitarlo es seguir fortaleciendo la ley, terminando la labor que inició la Cámara de Diputados y a la que, afortunadamente, se sumó el Senado. Nadie debe dejarse llevar por los cantos de sirena que prometen que violar la Constitución solucionará la corrupción o que es aceptable para perseguir a quienes nos resultan fastidiosos.

Pero también es necesario que se reconozca lo aprobado por el Congreso. Cuando un legislador afirma que la ley puede ser retroactiva, no obstante prohibirlo la Constitución y haber votado él mismo contra esa posibilidad, le está tomando el pelo a los votantes, o le está tomando el pelo a los demás actores políticos. Parece broma, pero no es gracioso.

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