El Congreso de El Salvador aprobó una tercera ampliación de régimen de excepción

Los diputados oficialistas en el Congreso de El Salvador aprobaron este martes una tercera ampliación del régimen de excepción vigente desde finales de marzo a pesar de las miles de denuncias de atropellos a derechos humanos y la muerte de al menos 46 personas detenidas, de acuerdo con registros de organizaciones humanitarias.

La extensión por 30 días más fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo, dominado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

La medida fue aprobada sin estudio o discusión parlamentaria pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros del Gobierno de Nayib Bukele.

“El régimen de excepción ha permitido identificar la magnitud de la amenaza y grave peligro que representan para la población salvadoreña las estructuras criminales (pandillas) y su particular complejidad, realizando bajo su implementación más de 40.000 capturas”, indica el decreto aprobado.

Funeral de Marvin Amaya, quien se suicidó en prisión después de haber sido detenido en el marco del régimen de excepción en El Salvador (REUTERS/Jose Cabezas)

Funeral de Marvin Amaya, quien se suicidó en prisión después de haber sido detenido en el marco del régimen de excepción en El Salvador (REUTERS/Jose Cabezas)

El decreto indica que “el suspender la aplicación de las medidas extraordinarias en este momento propiciaría un retroceso en los avances alcanzados, ya que los hechos violentos como los homicidios no pueden verse separados o aislados”.

El Congreso aprobó y extendió ya en dos ocasiones esté régimen, que suspende derechos constitucionales como la defensa, reunión, organización y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El diputado Guillermo Gallegos, de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y uno de los vicepresidentes de la Asamblea, dijo que el régimen de excepción es “una decisión seria, contundente y real en contra de las pandillas”.

Gallegos señaló que serán el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el jefe de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, quienes presentarán, en nombre del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la solicitud para la ampliación.

Añadió que el actual periodo del estado de excepción vence el viernes 24 y que “los efectos de esta nueva ampliación entrarán en vigencia inmediatamente el vencimiento de este”.

Imagen de archivo. Policías escoltan a un hombre detenido durante el estado de emergencia (REUTERS/José Cabezas)

Imagen de archivo. Policías escoltan a un hombre detenido durante el estado de emergencia (REUTERS/José Cabezas)

Del total de presuntos pandilleros arrestados la Fiscalía ha logrado que 33.258 “queden detenidos provisionalmente” por un plazo de seis meses.

Aún les falta iniciar proceso a otros 8.588, mientras 456 recobraron su libertad en la primera audiencia porque “no estaban vinculados a pandillas”, precisó el fiscal general, Rodolfo Delgado.Delgado.

Una vez finalizados los primeros seis meses de detención de un presunto pandillero, la Fiscalía podría solicitar “ampliar” el encarcelamiento por otros seis meses más, dependiendo de la “la complejidad” de los casos.

“Consideramos que una detención de al menos un año nos permitiría a nosotros complementar las diligencias en contra de estas personas”, subrayó el fiscal.

De acuerdo con el presidente Bukele, se está cerca de ganar la “guerra” contra las pandillas con este régimen.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.

LAS DENUNCIAS

Las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 3.000 denuncias, entre ellas por detenciones arbitrarias y torturas.

Los reportes de los medios locales, citados por organizaciones no gubernamentales, indican que han muerto unas 46 personas detenidas bajo el régimen y, según el análisis de defensores de derechos humanos, se presentan patrones de “ejecuciones extrajudiciales”.

Son varios entes internacionales y nacionales los que han señalado que en El Salvador se podrían estar configurando delitos de lesa humanidad.

A inicios de junio, Amnistía Internacional (AI) expresó que las autoridades estatales estarían perpetrando “graves violaciones” a los derechos humanos y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.

(Con información de EFE y AFP)

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