El Congreso de España da luz verde a la tramitación de la ley de amnistía para el ‘procés’ catalán
Después de que la semana pasada la Mesa del Congreso de los Diputados de España admitiera a trámite la proposición de ley de amnistía a los involucrados en el ‘procés’ catalán, presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), este martes la Junta de Portavoces ha dado el visto bueno para que el martes de la semana que viene sea tomada en consideración por el Pleno de la Cámara Baja.
Comenzará así la tramitación de una de las normas que marcará la nueva legislatura, como ha hecho ya con la investidura como presidente de Pedro Sánchez.
La promulgación de esta ley fue uno de los requisitos que impusieron los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para aportar los siete diputados con que cuenta cada uno de ellos para respaldar la votación que permitió que el líder socialista revalidara el cargo el mes pasado.
La medida enfrenta de manera crítica al principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox, y los dos únicos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), con el bloque que respalda a Sánchez, el resto de la Cámara.
A pesar de la polémica que suscita la futura ley de amnistía, se estima que saldrá adelante durante el primer cuatrimestre de 2024, al contar con el apoyo de la mayoría del Congreso: PSOE, Sumar, ERC, Junts, Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego (BNG).
En las calles una parte de la ciudadanía ha mostrado también su oposición, protagonizando grandes manifestaciones convocadas por el PP y otras no tan masivas y salpicadas de elementos de ideología fascistas que, entre otras cosas, cercaron durante varias semanas la sede del PSOE en Madrid, con disturbios y enfrentamientos con la Policía que dejaron decenas de detenidos.
La nueva norma cobijará a los investigados por el intento de secesión que culminó en 2017 con la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña y las posteriores protestas de 2019 por la condena de 9 líderes sociales y políticos.
También cubrirá a agentes de Policía que enfrentan cargos por el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir la participación en el referéndum y las protestas.