El expresidente español Mariano Rajoy es imputado por una jueza de Andorra por coacciones para obtener datos bancarios de políticos catalanes
Una jueza de Andorra ha notificado al expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, a su exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y a su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que están siendo investigados a raíz de una querella presentada por el Institut de Drets Humans d’Andorra, la asociación Drets y el expresidente de la Banca Privada de Andorra (BPA) Higini Cierco Noguer.
Se les acusa de haber llevado a cabo extorsiones a BPA para obtener datos bancarios de políticos catalanes con la finalidad de frenar el proceso de independencia.
Estas acciones se enmarcarían en la ‘Operación Cataluña’, el nombre policial que se le dio a una supuesta trama impulsada por el Gobierno de España que habría utilizado métodos ilegales y delictivos.
La jueza Stéphanie García, que a principios de este mes cursó comisiones rogatorias a España para notificar la querella a los tres expolíticos, les da quince días para buscar un abogado, en caso contrario les asignará uno de oficio.
Además, también comunica su condición de querellados al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.
García ha acordado remitir nuevas comisiones rogatorias sobre el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el ex inspector jefe de la Policía Bonifacio Díez Sevillano, que no acudieron a declarar a una citación anterior.
A todos ellos se les investiga por los delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión y creación de documento falso por parte de funcionario.
Los hechos que motivaron la denuncia tuvieron lugar a partir de 2014, cuando supuestamente enviaron a agentes de la denominada ‘policía patriótica’ –un grupo de agentes de la cúpula de la Policía Nacional que durante el Gobierno de Rajoy presuntamente actuaron de forma ilícita contra rivales políticos– a presionar a los responsables del banco BPA.
La querella sostiene que a través de amenazas sobre forzar el cierre de la entidad y su filial en Madrid se buscaba conocer información bancaria secreta sobre mandatarios catalanes, como el expresidente catalán Artur Mas, el líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras o el expresidente de Cataluña Jordi Pujol.