El fin de la extorsión
Miguel Henrique Otero
El pasado 20 de mayo se produjo uno de los hechos políticos más relevantes de 1999 a esta fecha: los electores pusieron fin al modelo de dominación con que el gobierno ha venido sometiendo al país. El modelo de dominación del que hablo tiene un carácter extorsivo. A lo largo de los años se han creado numerosos mecanismos para presionar al elector, arrinconarlo y obligarlo, no solo a votar por los candidatos del régimen, sino también para que participe en diversas actividades políticas a favor del régimen.
Estas prácticas de extorsión fueron creadas y puestas en ejecución por Chávez. Hasta donde alcanzo a recordar, en febrero del 2000, aparecieron las primeras denuncias por parte de un sindicato del sector salud, que ventiló públicamente la presión que estaban recibiendo los trabajadores de los hospitales de Caracas, para que se sumaran a la concentración con que Chávez se proponía celebrar su primer año de gobierno.
A lo largo de estas dos décadas, las prácticas extorsivas se han extendido de múltiples maneras. Se han instaurado en los ministerios, empresas del Estado, gobernaciones, alcaldías y en las operaciones de los programas sociales. Se ha creado un poder fundado en el establecimiento del enemigo interno: quien no apoya al gobierno, quien proteste, quien no se sume de forma obediente a los dictados del régimen, quien denuncie o se resista a realizar acciones que contraríen sus convicciones, adquiere de inmediato dos condiciones: de enemigo y de perseguido.
En la lógica del régimen de Chávez y Maduro, extorsión y exclusión forman parte de un mismo universo político y mental, que proviene directamente de los métodos patentados por Stalin: se destruye la economía, se estimula la pobreza, se somete a la población a condiciones de hambre y enfermedad, de modo de sitiar al ciudadano, que debe escoger entre servir al poder en silencio o experimentar las realidades de la exclusión.
En el caso de Venezuela, el modelo de extorsión-exclusión ha sido, además, insuflado por las facilidades que solía otorgar la renta petrolera. El petróleo ha sido y es todavía un recurso que genera ingresos abundantes de forma inmediata. Chávez lo entendió muy rápido: usaría el petróleo, no para crear una economía sostenible ni para crear empleo de calidad, sino para lo contrario: armar una sociedad de dependencias. El empeño de Chávez fue el de promover un país que fuese cada vez más dependiente de los subsidios fundamentados en los ingresos por la venta de hidrocarburos. Y, en su segundo año de gobierno, creó el Plan Bolívar 2000, que sería el primero de los innumerables pasos que dio para convertir, a cada venezolano, en un sujeto amarrado a sus decisiones y deseos.
Desde entonces hasta ahora se fueron creando misiones, programas de cualquier cosa, entregas de bonos, subsidios, becas, ayudas, tarjetas y centenares de otros mecanismos para fijar y atornillar las lealtades. No creo que haya en la historia moderna de la dominación política, un régimen que haya creado tantos organismos y tantos programas, ni que haya hecho tantas promesas que, o se cumplieron por muy poco tiempo o simplemente fracasaron antes de nacer.
Lo que es relevante, es que todo el universo anterior de programas y acciones esporádicas generaron algunas consecuencias que han sido tremendamente costosas para el país: permitieron el establecimiento de gigantescos engranajes de corrupción, fueron destruyendo la producción y, lo más decisivo en la mirada de este artículo, hizo posible que, a lo largo de los años, el poder se dedicara a fabricar listas rojas de beneficiarios y listas negras de excluidos.
Mientras el petróleo se cotizó muy alto, el modelo de sometimiento funcionó. Chávez ganaba las elecciones y concentraba adeptos en sus convocatorias. Poco a poco, en la medida en que los velos han ido cayendo al piso, ha quedado claro que la popularidad del teniente coronel golpista no era tan grande como él mismo afirmaba, sino que siempre hubo un porcentaje considerable de ciudadanos extorsionados, que lo votaban o se ponían una franela roja y marchaban, bajo la amenaza de perder el beneficio que recibían.
El empobrecimiento sistemático del país, la brutal caída de la producción petrolera, el descenso del precio del petróleo, el cierre de las empresas, el fracaso unánime de las empresas en manos del gobierno, la acumulación de una deuda gigantesca que ha cerrado las fuentes crediticias del país, el control de cambios y muchos otros factores condujeron a Venezuela, al dilema del 20 de mayo: o votas y tienes CLAP o no votas y quedas fuera de la lista. En pocas palabras, Maduro -incluso algunos de sus dirigentes llegaron al extremo de verbalizarlo públicamente- planteó las cosas en los términos de la más siniestra de las extorsiones: o me votas o el hambre empeorará. Comida por votos. Medicamento por votos. Beneficios por votos.
Son innumerables los temas que se derivan de este método extorsivo, relativos a la violación de las leyes, de los derechos humanos, de lo que representa que se use la más urgente y básica de las necesidades humanas, la de alimentarse, para doblegar a personas y familias. No lo afirmo yo, sino los expertos en derecho: se trata de crímenes en contra de la humanidad que tendrán que ser castigados.
Lo que quiero destacar hoy, es que la activa y sonora abstención que se produjo el 20 de mayo, marca una ruptura: muestra que la sociedad venezolana se hartó de la extorsión, a tal punto, que los intentos de movilizar a los electores en las zonas populares fracasaron, fueron repelidos con un rotundo ‘no voy’ que se reprodujo por millones en todo el territorio.
Ese tiene un carácter histórico, por la potencia con que se manifestó. Hizo imposible que el poder construyera un relato creíble sobre el número de votantes y sus resultados. Sintonizó al país con el amplio movimiento de los países democráticos que no reconocen ni a la Asamblea Nacional Constituyente, ni al gobierno ni a las mismas elecciones. Lo fundamental es que Maduro fue derrotado: después del 20 de mayo, su ilegitimidad ha crecido. Fueron derrotados su programa extorsivo y su propósito de legitimarse a través de unas elecciones que, según la Constitución vigente, son ilegales.