El gobierno de Bukele extendió por sexta vez el régimen de excepción pese a las críticas por violación a los DDHH
La medida suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones
El congreso de El Salvador aprobó este miércoles una sexta prórroga por 30 días del régimen de excepción para combatir a las pandillas, y con el que se ha detenido a unas 52.000 personas, presuntamente pandilleros.
“El régimen de excepción se prolonga en todo el territorio nacional por el término de 30 días”, señaló el decreto aprobado con los votos de 65 diputados, aliados del gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Es necesario arrancar de raíz todo lo que le ha hecho mal a nuestro país”, señaló el presidente del congreso, Ernesto Castro, previo a someter a votación la medida solicitada por el gobierno.
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el congreso acogió un pedido del gobierno para decretar el régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta el 18 de octubre, y ha permitido detener sin orden judicial a poco más de 52.000 presuntos pandilleros.
El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.
La mayoría de pandilleros están relacionados con las organizaciones Mara Salvatrucha y Barrio 18.
El régimen de excepción ha sido criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida representa un mecanismo para irrespetar derechos de los detenidos.
La subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, puso el martes en su cuenta de Twitter que el régimen de excepción “ha resultado ser un desastre en materia de Derechos Humanos”.
La subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, puso el martes en su cuenta de Twitter que el régimen de excepción “ha resultado ser un desastre en materia de Derechos Humanos”.Para la representante de HRW, El Salvador es un país donde “cualquiera está expuesto a sufrir abusos” debido a ese régimen.
Antes de la “guerra” emprendida por el gobierno contra las pandillas, había unos 16.000 de sus miembros encarcelados.
El pasado mes de junio, Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Americas de Human Rights Watch (HRW), afirmó en su cuenta de Twitter que la organización ha documentado más de 100 casos de “detenciones arbitrarias” y “varias muertes” bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo.
“El Salvador: seguimos recibiendo reportes de violaciones de DDHH en el régimen de excepción”, publicó Pappier en la referida red social
“Ya documentamos en detalle una muestra de más de 100 casos de detenciones arbitrarias y varias muertes” y que “los agentes que cometen abusos deben saber que serán judicializados en el futuro”, agregó.
Reportes de la prensa local indican que bajo el régimen de excepción han muerto unas 40 personas detenidas y en custodia de las autoridades.
A inicios de mayo, HRW registraba al menos 40 casos de abusos cometidos en el país centroamericano durante el régimen de excepción, decretado a finales de marzo para controlar una escala de violencia atribuida a las pandillas.“En algunos casos, las familias aseguran que los reos murieron a consecuencias de torturas debido a que, al revisar los cadáveres, han encontrado huesos fracturados, laceraciones en la piel, moretones y heridas profundas en la cabeza”, reportó El Diario de Hoy en su portal.
A inicios de mayo, HRW registraba al menos 40 casos de abusos cometidos en el país centroamericano durante el régimen de excepción, decretado a finales de marzo para controlar una escala de violencia atribuida a las pandillas.
En ese primer informe, elaborado en conjunto con la organización humanitaria salvadoreña Cristosal, se señala que en 20 casos las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.
En 5 casos, los testigos indicaron que policías o soldados habían golpeado a las personas mientras estaban siendo detenidas, señalaron.
Las organizaciones apuntaron que en la mayoría de los casos los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos.