El Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador «reconoce» la muerte en cárceles de 73 personas, quienes fueron detenidas durante el régimen de excepción implementado en el país para «combatir» a las pandillas, según publicó este viernes La Prensa Gráfica (LPG).
De acuerdo con el diario matutino, fuentes internas del Instituto de Medicina Legal confirmaron que hasta el jueves «tenían registradas 73 muertes en centros penitenciarios desde que se inició el régimen de excepción, el 27 de marzo».
El periódico señaló que «esas (muertes) son cuatro más desde que este medio publicó el listado de 69 nombres confirmados hasta el 10 de agosto».
LPG apuntó que las fuentes internas «aseguran que a los familiares no se les detalla la causa de muerte, ni se da mayor información cuando les entregan los cuerpos, lo cual sugiere que incluso podría existir un subregistro con cifras más altas«.
«No se tiene un dictamen que determine la causa de la muerte, solo los han sacado así nomás y a la familia les dicen que ha fallecido, pero no les dicen las causas de esos fallecimientos. Los casos han quedado inconclusos», aseguró una de las fuentes de Medicina Legal, según el periódico.
La organización Amnistía Internacional (AI) reiteró el jueves que la medida del régimen de excepción «ha creado una crisis» de derechos humanos.
Una ola de asesinatos a finales de marzo pasado dio pie a la Asamblea Legislativa a otorgar poderes especiales al Ejecutivo del Presidente Nayib Bukele, que reporta la detención de 50.500 personas y a las que acusa de pertenecer a las pandillas.
Las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han recibido miles de denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, además de señalar que bajo este régimen se han dado detenciones arbitrarias y tortura.
El Congreso aprobó el pasado 17 de agosto la quinta prórroga del régimen de excepción, por lo que su vigencia se extiende hasta finales de septiembre.
«En #ElSalvador, el Estado de Emergencia, impuesto por el Gobierno de @nayibbukele y renovado por quinta vez, ha creado una crisis de derechos humanos», señala un mensaje publicado en Twitter por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Guevara Rosas enfatizó que «en lugar de abordar las causas profundas de la violencia, el Gobierno ha creado la tormenta perfecta».
A inicios de junio, una investigación de AI en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando «graves violaciones» a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, indicó recientemente que han confirmado la existencia de atropellos en al menos 7 casos de 173 reportados durante el primer mes del régimen de excepción, únicamente en el departamento de San Salvador.
Apuntó que se confirmaron estas vulneraciones tras una investigación y entrevistas de un equipo técnico de la Procuraduría y afirmó que «es la investigación la que nos da el soporte».
El Estado salvadoreño reconoció en un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que se registra la muerte de personas detenidas, sin precisar la cifra.
El Gobierno salvadoreño ha respondido al fenómeno de las maras con la medida de régimen de excepción, que ha sido denominada por Bukele «guerra contra las pandillas», sin que hasta el momento se conozca un plan gubernamental para dar una solución concreta a dicho fenómeno más allá de la cárcel.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) que tomó fuerza con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.