Las asociaciones y gremios que representan al sector constructor de viviendas en la República Dominicana expresan su profunda preocupación por la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como la aprobación en el Senado, con carácter de urgencia y sin el debido debate técnico, del proyecto que la modifica.
Indican que en particular, preocupa que dicha legislación grave los patrimonios autónomos (fideicomisos), generando escenarios de doble carga económica al imponer nuevas obligaciones sobre vehículos jurídicos y operaciones económicas que ya soportan estas cargas fiscales. Esto incrementa los costos de los proyectos, trasladándose al precio final de la vivienda.
Señalan que esta disposición, a su vez, podría entrar en tensión al régimen especial previsto en la Ley núm. 189-11, que promueve el acceso a la vivienda y el desarrollo del mercado hipotecario.
«Reconocemos la importancia de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y respaldamos las iniciativas orientadas a promover un manejo ambientalmente responsable. No obstante, consideramos fundamental que las medidas adoptadas respondan a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica, evitando efectos no previstos sobre sectores estratégicos como la vivienda», asociaciones y gremios que representan al sector constructor de viviendas.
Hacen un llamado firme y respetuoso a la Cámara de Diputados para que abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados, evalúe nuevamente el alcance de la iniciativa y garantice una legislación equilibrada, técnicamente sustentada y proporcional, que promueva la sostenibilidad ambiental sin afectar la seguridad jurídica, la inversión y el acceso a la vivienda.