El voto del Partido Socialista de Sánchez decidirá si se tramita la ley de vivienda elaborada por los colectivos sociales en España
Este martes, en el Congreso de España se vota si se admite a trámite la llamada Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada. El voto del Partido Socialista, la formación del presidente Pedro Sánchez, que todavía no se ha pronunciado, inclinará la balanza hacia uno u otro lado.
El texto ha sido impulsado por alrededor de 120 organizaciones sociales que trabajan por el acceso a la vivienda y tiene el respaldo de varios partidos políticos, entre ellos el de la formación Unidas Podemos (UP), socio de Gobierno del Partido Socialista.
Esta iniciativa trata de hacer presión para que se modifique el anteproyecto de ley de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros hace solo dos meses, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública y que se espera que a finales de mes vuelva al Consejo de Ministros para después iniciar el trámite parlamentario. Un anteproyecto que las organizaciones sociales tachan de altamente insuficiente al no poner freno a los elevados precios, sobre todo del alquiler.
La experta y activista de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, Mercedes Revuelta, considera que el Gobierno socialista «no ha aprovechado la oportunidad de hacer una ley de verdad que regule el derecho a la vivienda» y defiende que la iniciativa de los colectivos sí lo hace: «Regula perfectamente lo que debería ser el derecho subjetivo de la vivienda, es decir, que puedas ir al juzgado y reclamar que tú necesitas acceder a una vivienda».
Revuelta explica que la ley de los colectivos regula que las familias vulnerables no puedan ser desahuciadas hasta que se encuentre para ellas una alternativa habitacional. Por el contrario, la iniciativa del Gobierno regula mal, sostiene, los límites de los precios de los alquileres, además con una carencia de 18 meses a partir de su entrada en vigor: «Así que esto no tiene ninguna razón de ser», señala.
La activista afirma que el anteproyecto aprobado en octubre «adolece de ganas de ser una ley de vivienda valiente» en un país que «tiene una pobreza estructural del 27 %». Esto quiere decir «que mucha gente que trabaja no puede llegar a final de mes, porque sus suelos son muy precarios», relata Revuelta, por lo que de la suma de «sueldos bajos y precios de los alquileres y de la vivienda altísimos» solo puede dar lugar a «la pobreza de los ciudadanos por el tema de la vivienda».