Entre apoyos y repudios: el pedido de prisión contra Fernández de Kirchner centraliza el debate político en Argentina

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Entre apoyos y repudios: el pedido de prisión contra Fernández de Kirchner centraliza el debate político en Argentina

El tema desplazó la discusión por la crisis económica que padece el país sudamericano.

El pedido de prisión, inhabilitación y decomiso de los bienes de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en el tema central del país sudamericano, evidenció una vez más la profunda división entre quienes la apoyan y la repudian, e impactó en el panorama político con miras a las elecciones del próximo año.

Desde que el lunes pasado los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola pidieron la condena contra la expresidenta, el clima político se alteró por completo, ya que obligó al oficialismo a unirse después de haber enfrentado fuertes divisiones internas que estuvieron a punto de romper la coalición peronista gobernante.

Las posiciones son irreconciliables

. La oposición mediática y partidaria afirma que la vicepresidenta es culpable de corrupción y que hay «tres toneladas de pruebas» en su contra. Que se hará «justicia».

Por el contrario, el oficialismo y sus simpatizantes afirman que no hay prueba alguna y la consideran víctima de una persecución judicial que solo busca impedirle que vuelva a postularse a cargos públicos.

 Que solo se trata de una «venganza».

La trascendencia del caso se evidencia en el medio millón de personas que ya vieron el video en el que Fernández de Kirchner respondió a los fiscales el martes, un día después de que la acusaran de haber encabezado junto con su fallecido esposo y antecesor una asociación ilícita para favorecer con millonarios contratos de obra pública a Lázaro Báez, un empresario amigo con el que, además, mantenían negocios privados.

«Es una feroz campaña política y mediática (…) este no es un juicio a Cristina Fernández de Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares», afirmó en un discurso de 90 minutos.

Este miércoles, volvió a criticar los fiscales y les advirtió que «dejen de mirar Netflix» y se pongan a estudiar.

La exposición de la vicepresidenta sigue bajo análisis, tanto por lo que reveló como por lo que omitió.

mismo ocurre con el alegato de los fiscales.

Dudas

Una de las anomalías denunciadas por la vicepresidenta es que los fiscales introdujeron durante sus alegatos nuevas evidencias que deberían haber presentado durante las audiencias para que los acusados pudieran rebatirlas, lo que ya no pueden hacer en esta etapa del juicio.

Es decir, que se viola su derecho a la defensa.

En este caso, fue el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, quien permitió que Luciani, uno de los acusadores, utilizara esas nuevas evidencias fuera de tiempo.

Ambos ya fueron impugnados con anterioridad, luego de que aparecieran fotos que demuestran que jugaban juntos al futbol, en un mismo equipo, en la finca del expresidente Mauricio Macri, el principal enemigo político de Fernández de Kirchner, lo que en principio representa un posible conflicto de interés.

Las supuestas pruebas incluyen chats entre exfuncionarios y empresarios que los fiscales usaron parcialmente, solo para implicar a la expresidenta, pero ignoraron las partes que podrían involucrar al macrismo.

De hecho, durante su presentación del martes, Fernández de Kirchner usó parte de esos mismos documentos para revelar que los fiscales no mostraron los chats que prueban que José López, el exsecretario de Obras Públicas, tenía vínculos más cercanos con hombres de negocios amigos cercanos de Macri que con el empresario kirchnerista Báez.

En 2016, ya durante la presidencia de Mauricio Macri, López fue grabado mientras escondía nueve millones de dólares en efectivo en un convento.

Tres años más tarde fue condenado por corrupción y ahora también es juzgado en el mismo proceso que enfrenta la vicepresidenta.

Al acusar a López, Fernández de Kirchner reconoció que durante su Gobierno hubo corrupción, ya que el exfuncionario fue subsecretario durante sus dos periodos presidenciales y el de su antecesor, Néstor Kirchner, es decir, de 2003 a 2015, pero habló de él como si hubiera formado parte de otra gestión.

Lo que no explicó fue por qué, si ya desde 2007 pesaban denuncias por corrupción contra López, lo mantuvo en el cargo.

Durante su respuesta, que se transmitió en una virtual cadena nacional, tampoco aclaró la relación comercial de la familia Kirchner con Báez.

Por otra parte, los fiscales usaron esos chats como supuesta prueba contra la vicepresidenta, a pesar de que no hay ningún mensaje de ella, ni testigos que dijeran que daba órdenes para adjudicar las obras a Báez o beneficiarlo de alguna manera.

Además, basaron su acusación en la obra pública de una sola provincia.

Fernández de Kirchner solicitó una auditoria a nivel nacional para demostrar que los retrasos o precios de las obras en Santa Cruz no fueron excepcionales, pero le fue negada.

Reacciones

La confrontación política está latente, pues desde el oficialismo ya organizan una masiva marcha de apoyo para la vicepresidenta.

«Estamos armando una gran marcha para mostrarle a la derecha que, a pesar de todo, estamos dispuestos a dar pelea. 

Atacar a la jefa del peronismo lo único que hace es hacernos reaccionar porque nos atacan a nosotros.

Es en defensa propia que el pueblo sale a la calle», afirmó la senadora Juliana Di Tullio.

Como todo hace prever que Fernández de Kirchner será condenada cuando termine el juicio, ya se fortalecieron las versiones de que el presidente Alberto Fernández puede indultarla.

«No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones.

El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial», afirmó Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema afín al kirchnerismo.

En contraste, Juntos por el Cambio, la alianza opositora y de derecha que encabeza el expresidente Mauricio Macri, rechazó en un comunicado las convocatorias a una marcha en favor de Fernández de Kirchner, al considerar que solo generan «más violencia» y atacan la independencia del Poder Judicial.

Nada dijeron, sin embargo, de Francisco Sánchez, el diputado que forma parte de esta coalición y que pidió la pena de muerte para la vicepresidenta, lo que ya le valió una denuncia para que lo destituyan del cargo.

Tampoco mencionaron a Fabián Rodríguez Simón, el exasesor de Macri que está prófugo y con pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se le acusa de presiones y amenazas contra empresarios.

En medio de la judicialización de la política argentina, diputados opositores aprovecharon para reclamar un juicio político en contra del presidente Alberto Fernández, a quien acusan de interferir en el Poder Judicial con sus críticas al proceso que se sigue en contra de la vicepresidenta.

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