«Era muy difícil creer que había falsos positivos»: Uribe niega haber ordenado ejecuciones extrajudiciales y dice que fue «engañado» por soldados
El exmandatario participó en una comparecencia informal ante la Comisión de la Verdad de Colombia.
En una comparecencia informal ante la Comisión de la Verdad de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe negó que durante su mandato (2002-2010) se hayan promovido las ejecuciones extrajudiciales a través de incentivos a los militares.
Durante una extensa conversación de más de cuatro horas con el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, y los comisionados Leyner Palacios y Lucía González, el exmandatario afirmó que no reconocía la legitimidad de este organismo, creado en 2017 tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que también rechaza.
A Uribe, fundador del gobernante partido de extrema derecha Centro Democrático, se le han abierto investigaciones por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo y otros delitos como escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del Ejército para obtener beneficios) y masacres en sus gestiones como gobernador de Antioquia, como presidente de Colombia y como senador.
‘Falsos positivos’
Al ser consultado por los crímenes y asesinatos cometidos por integrantes del Ejército en contra de población civil, para hacer parecer las muertes como bajas durante enfrentamientos armados con la guerrilla, negó que durante su mandato se hubiera promovido ese tipo de prácticas.
«No hay un soldado o un policía que pueda decir que yo le di un mal ejemplo de palabra o de obra», aseguró.
Según su testimonio, «ningún hecho en su Gobierno podía ocultarse», y afirmó: «Para mí era muy difícil creer que había ‘falsos positivos’, al igual que para la Fiscalía y las Fuerzas Armadas.
El también exsenador sostiene que mientras estuvo en la presidencia nunca se «le dio incentivos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas».
Este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano de justicia surgido tras el Acuerdo de Paz, le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 personas, entre ellas ocho militares, por asesinatos y desapariciones forzadas dadas como bajas en combate por agentes del Estado entre 2007 y 2008.
En su fallo, la Sala de Reconocimiento de la JEF afirmó que ese tipo de hechos no habrían ocurrido «sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate'».
Del mismo modo, en un informe de 2019 de la ONG Human Rights Watch se afirma que oficiales colombianos de los más altos rangos estuvieron involucrados en los asesinatos de más de 3.500 civiles entre 2002 y 2008.
A principios de este año, la JEP subió a 6.402 el número de víctimas de los ‘falsos positivos’ en Colombia entre 2002 y 2008.
De ese número, 5.000 agentes habrían sido investigados entre 1988 y 2015 por la Fiscalía y solo unos pocos habrían sido condenados.