Ética política e institucionalidad democrática
Carlos Salcedo
La ética es la rama de la filosofía que estudia lo correcto e incorrecto de la conducta humana atendiendo al bienestar o los daños que esta pueda provocar a la comunidad y al individuo.
Para Sócrates, el primer filósofo, el objetivo del buen político es el de instaurar y mantener la virtud (aretê) en las almas de los ciudadanos. ¿En qué consiste la virtud socrática? Es la combinación de cuatro valores cardinales: la justicia, la moderación, la valentía y la sabiduría.
La relación entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable por una razón esencial: ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden a la búsqueda del bien. En política, la ética está ligada al desarrollo y a la institucionalidad democrática.
Ya no nos espantamos; pero cuando abrimos los periódicos, vemos las redes, escuchamos las noticias y comentarios en los medios de comunicación hay un elemento que no falta: estamos atravesando siempre por una crisis de ética política. Esto significa que los principios y valores rectores de las diferentes corrientes del pensamiento político parecen diluirse en el ejercicio gubernamental.
Esta situación genera un amplio descontento social y una enorme desconfianza de la gente respecto del sistema político y de partidos, poniendo en juego la estabilidad del sistema democrático y fomentando ideas autoritarias de falso orden frente al caos propiciado por las prácticas antiéticas.
Frenar esta realidad requiere de una ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial determinados a exigir mayor transparencia, coherencia y honestidad a los políticos. Ya que se adelantan las propagandas políticas se precisa de una ciudadanía que castigue con no sumarse a los políticos con cuestionamientos éticos (1) y de una campaña ciudadana que procure posicionar las mejores prácticas políticas como ejemplos para el desarrollo y la democracia (2).
Impulsar una ética política que observe los principios y valores del Estado social y democrático de derecho -Estado constitucional- supone un cambio de paradigma de la ciudadanía para sancionar las inefables prácticas del clientelismo político y se abandone el “sálvese quien pueda”, para asumir proyectos de bienestar colectivo.
Sumarse desde ahora a cualquier proyecto político que haya dado muestras de ruptura de los principios y valores democráticos debe llamarnos a la reflexión. Estamos aún a tiempo para optar por partidos auténticamente comprometidos ética y políticamente.