Fiscalía de España se opone a otro intento de paralizar las exhumaciones del Valle de los Caídos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España se opone a la paralización de las labores de exhumación que se llevan a cabo en el Valle de los Caídos, en los alrededores de Madrid, desde el pasado mes de junio.
Se trata de la respuesta del Ministerio Público al intento de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, de ideología franquista y ultracatólica, de frenar unos trabajos que tienen como finalidad recuperar los restos de más de un centenar de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, que han sido reclamadas por sus familiares.
La Fiscalía subraya que la suspensión de las labores «generaría en sí misma un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación», según un comunicado al que han tenido acceso medios como El Confidencial.
El Ministerio Público también recuerda que es deber de la Administración Pública localizar, exhumar e identificar los restos de personas desaparecidas, algo que consta en la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre del año pasado.
La asociación mantiene una ofensiva en los tribunales desde que comenzaron las primeras exhumaciones decretadas por un juez.
En junio pasado, la organización de ideología franquista presentó un recurso contencioso-administrativo para parar el operativo, que hasta la fecha ha permitido localizar al menos a 12 víctimas.
Ese primer recurso fue desestimado por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la organización ha presentado una nueva demanda contra la decisión de este tribunal.
La enorme construcción, situada en el término municipal de El Escorial, en las inmediaciones de la capital española, fue obra del dictador Francisco Franco y estuvo levantado en gran parte por mano de obra esclava de represaliados del régimen nacionalcatólico.
En la actualidad se trata de la mayor fosa común del país, al albergar los restos mortales de alrededor de 33.000 personas.
Si bien es cierto que pertenecen a los dos bandos de la guerra, su gran mayoría son represaliados del franquismo, muchos de ellos llevados allí en contra de la voluntad de sus familias, y otros, incluso sin su conocimiento.